La prohibición de cazar en Parques Nacionales que entrará en vigor el próximo 5 de diciembre, una vez finalizada la moratoria establecida para la Ley 30/2014, de 3 de diciembre de Parques Nacionales, tendrá graves consecuencias socio económicas para los municipios del entorno de estos espacios, según la Fundación Artemisan, pues, consideran que esta medida no solo afectará a los propietarios de las fincas, que tendrán que ser recompensados con importantes indemnizaciones que saldrán del bolsillo de todos los españoles en un momento tan complicado como el que afronta el país, sino que también agravará la ya complicada situación de la economía de la zona.
La prohibición proyectada supondrá un aumento del desempleo y, por supuesto, un mayor abandono del medio rural, precisamente en un momento en el que el país necesita que todos sus recursos sean debidamente aprovechados y cuando la despoblación se ha posicionado como un problema de gran relevancia en la agenda política y social. Se da la circunstancia de que muchos de los habitantes de los pueblos situados en el interior del Parque o en zonas limítrofes viven de la caza y, sobre todo, de las monterías que se organizan en las fincas situadas en el interior del Parque. A ello se suman dueños de hoteles, restaurantes, gasolineras, rehalas y muchos colectivos y negocios más que también resultarán afectados.
En el Parque Nacional de Picos de Europa, la vertiente más afectada es la leonesa, ya que abarca a los concejos de Valdeón y Sajambre, que suman entre ambos municipios alrededor de 24.000 hectáreas de terrenos cinegéticos en las que se pueden abatir jabalíes, corzos, ciervos, rebecos y lobos, siendo en esa zona del espacio natural protegido la caza una de las principales fuentes de ingresos, aparte del turismo. Sobremanera a los cuarteles sajambriegos suelen acudir un buen número de cazadores asturianos durante la temporada cinegética.
