Los exconcejales de Llanes acusados de prevaricación responsabilizan a los funcionarios y a la fallecida alcaldesa Campillo: "Yo no tenía idea de leyes"

Los exconcejales socialistas de Urbanismo Francisco José Balmori y José Manuel Herrero, acusados de prevaricación al concatenar hasta veinte contratos menores a una arquitecta interina (Azul Lazo Iglesias), con la intención, según el fiscal, de evitar la concurrencia, responsabilizaron a los funcionarios y a la alcaldesa fallecida Dolores Álvarez Campillo de las irregularidades que hubiesen podido cometerse. "Yo no tenía idea de leyes ni urbanismo", llegó a decir Herrero, maestro de escuela de profesión, quien añadió que confiaba en los técnicos y el secretario municipal, quienes nunca les advirtieron de que se estuviese cometiendo una ilegalidad. "Los concejales nos limitamos a firmar", añadió.

Francisco Jose Balmori, concejal desde 2003, aunque se hizo cargo de Urbanismo desde 2007 hasta 2012, justificó la contratación de la arquitecta interina por las necesidades del servicio de Urbanismo, que estaba "saturado por la escasez de personal y la problemática generada por la anulación del PGOU". Y es que "la vocación de esos contratos era que no podíamos paralizar la oficina de Urbanismo, máxime en el contexto de la crisis. En 2010 se impulsaron 100 viviendas que supusieron 500 puestos de trabajo, no podíamos dejar sin cubrir esa oficina". A preguntas del fiscal, Balmori dijo que las contrataciones le venían ya "hechas y firmadas por el secretario, no hubo ningún reparo en esos contratos, no podía dejar la oficina sin personal". Añadió que "no conocía a la arquitecta más que de referencia, no me dedicaba a contratar personal, no instruí a nadie para que fuera ella la elegida". Y volvió a justificarse en la ignorancia: "Una cosa es como se ve desde fuera y otra como es por dentro, uno se dedica a firmar los expedientes que le presentan, yo me dedicaba a gestionar licencias y planeamientos, a la gestión ordinaria de los temas para que saliesen como debían, el ayuntamiento estaba totalmente desordenado, el nivel de licencias era mucho más elevado que ahora".

Y Jose Manuel Herrero, concejal de Urbanismo de 2012 a 2015, se justificó en que desconocía cuáles eran los límites de contratos menores: "No sabía ni la cuantía que podían tener ni su duración. Yo no tenía formación jurídica suficiente. Teniendo un servicio jurídico, y demás servicios técnicos, no creo que la precisásemos. No tenía dudas, me venía todo hecho de estos servicios, acusar a los concejales es muy fácil". Añadió: "Eran los servicios técnicos quienes entendían que hacía falta cubrir ese puesto. El concejal se limita a firmar. ¿Por qué no iba a firmar teniendo a un secretario general, un vicesecretario general, un interventor, un abogado consistorial...? Además, todo me venía determinado por la alcaldesa Campillo. Yo soy maestro de escuela, no tenía idea de urbanismo, lo verdaderamente importante de urbanismo se lo quedaba la alcaldesa. Yo llevaba el día a día. Eran el arquitecto municipal y el Técnico de la Administración General (TAG) quienes pedían la contratación de la arquitecta, yo no ordenaba la contratación de nadie, y no conocía a esta persona". Aseguró desconocer cómo eran los contratos menores. "Había un servicio perfectamente dotado que lo gestionaba todo, nunca hubiera firmado nada si se me hubiese dicho que no podía, pero ni el secretario ni el interventor me dijeron nada de que no era posible. No entiendo qué hacemos aquí ni por qué no hay más gente aquí sentada", confesó.

El actual alcalde Llanes, Enrique Riestra, cuyo partido, VecinosXLlanes, instó la denuncia de los hechos (aunque fue la arquitecta la que planteó un contencioso para que le reconociesen la antigüedad, explicó cómo estaba el servicio cuando llegó al poder, en 2015, y la propia arquitecta interina, Azul Lazo Iglesias, explicó que no conocía de nada a los concejales cuando le dieron el trabajo. "La primera vez que accedí me reuní con Balmori, quien me explicó cómo eran las condiciones. Las resoluciones de mi contratación me las comunicaba servicio de contratación, nunca traté en temas de contratos con el concejal de Urbanismo. Había bastante retraso en las licencias urbanísticas, y entré para desatascar las licencias de obra", dijo. De que Llanes necesitaba una arquitecta interina se enteró "por un amigo de la Universidad". "Balmori me dijo que iba a ser algo temporal. Se inició el trámite para una convocatoria, pero no se llegó a convocar el examen", añadió. Mientras trabajó para Llanes, añadió, podía hacer encargos para otros clientes. Finalmente, accedió a la plaza de arquitecto tras una oposición.

El TAG de Urbanismo en aquella época, Ignacio Francisco Vázquez, indicó que, como jefe de la oficina, tenía que informar de las necesidades de contratación. "No le dije al concejal quien tenía que ser contratado. El planeamiento y los proyectos posiblemente los llevaba la alcaldesa Campillo. Yo no sabía qué contratos se hacían, la contratación no era mi competencia, era el vicesecretario general quien se encargaba. La arquitecta interina recibía instrucciones del arquitecto municipal, no de mí", explicó. Una empleada del servicio de contratación, Rebeca Alós, aseguró: "Los contratos que se tramitaban me venían del vicesecretario general, que era el jurídico encargado del servicio de contratación, los contratos se pasaban a la firma del vicesecretario y del concejal". Y añadió: "No recibí instrucciones de Balmori, las órdenes de contratación venían del vicesecretario".

El ministerio público interesó la condena de los acusados por un delito continuado de prevaricación. Negó que los hechos hayan prescrito, ya que los últimos contratos se realizaron hace menos de diez años. "Desde enero 2008, hasta 2013, se concatenaron veinte contratos, sin solución de continuidad, salvo tres huecos temporales mínimos. Es evidente que se trata de una sucesión de contratos con el mismo objeto, y con unos importes, 142.000 euros en el caso de los 16 contratos de Balmori y 61.000 por lo que respecta a los cuatro firmados por Herrero, muy superior a las cantidades previstas para contratos menores. Se trata de una contratación encubierta para evitar la concurrencia, y los acusados eran perfectamente conocedores de la situación, ya que Balmori firmó hasta 16 contratos y era licenciado en derecho, y Herrero había impulsado la convocatoria de la oposición para proveer la plaza", resumió el fiscal. La acusación particular, que ejerce VecinosXLlanes y que reclama una indemnización para el Ayuntamiento, pese a las dudas sobre su legitimidad, se mostró conforme con las conclusiones del fiscal, que reclama nueve años y nueve meses de inhabilitación para Balmori, y otros nueve años y tres meses para Herrero.

La defensa de Balmori adujo que "se obvia el protagonismo en el proceso de selección de personal y contratación del servicio de contratación". Y es que, "en esos expedientes, no intervenía el concejal de Urbanismo, que no tenía responsabilidad en esos contratos". La defensa de Herrero adujo por su parte que "no se infringió ninguna legislación de contratación, según la sentencia del juzgado contencioso número 4 de Oviedo, que estableció que había un vínculo laboral entre la arquitecta y el ayuntamiento". Además, entiende que Herrero "no tuvo ninguna intervención decisoria: no conocía a Azul Lazo, los contratos eran redactados por el servicio de contratación y Herrero solo se limitaba a firmar". Por otro lado, el valor de los cuatro contratos sería de 48.000 euros, muy inferior a los 100.000 euros que establecía la ley en aquel momento para una contratación directa.

Al final del juicio, Herrero se defendió, quejumbroso: "Nunca nos hemos reunido, ni hemos decidido, ni sugerido la contratación de esta persona, a la que no conocíamos, ni teníamos interés en que fuese contratada. Nunca ordené seguir contratándola. No digo que los contratos estén bien hechos, pero no hay ningún informe negativo desfavorable. Yo no tenía ningún conocimiento jurídico, era concejal, y la alcaldesa delegó en mí algunas competencias. Es muy doloroso para alguien que se presenta a unas elecciones con la única intención de mejorar la vida de los vecinos, que terminen acusándole de esto. Lamento mucho el desconocimiento que hay sobre el funcionamiento de las administraciones locales. Yo estaba para recibir a la gente y escucharla". Herrero ya fue condenado en 2021, junto al exconcejal Emilio Carrera, a nueve años de inhabilitación por contratar de forma verbal y sin seguir los procedimientos legales varios servicios deportivos. En 2023 fue condenado junto a la concejala Esther Bustillo a otros ocho años de inhabilitación por favorecer a una empresa de ingeniería del militante socialista Omar Lázaro, elegido luego en las municipales de 2015.