Amieva exige al Principado que apruebe ya la Reserva Regional de Caza: "La temporada empieza en septiembre"
El alcalde, Carlos Salazar (PP), reclama conocer el canon que recibirá el Ayuntamiento, "después de cuatro años sin percibir ni un euro"
Carlos Salazar, a orillas del río Sella a su paso por Precendi (Amieva). / LNE
La Reserva Regional de Caza de Amieva está cerca, pero parece que no acaba de llegar nunca. De ahí que el alcalde del concejo, Carlos Salazar, del PP, exigiera ayer al Gobierno del Principado que la apruebe ya y, de paso, que devele cuál será el canon anual que recibirá el Ayuntamiento.
La del de momento inexistente Reserva Regional de Caza de Amieva parece la historia interminable. El Ayuntamiento lleva años reclamándola, aunque ha sido desde la llegada al poder municipal del actual regidor cuando más se ha movido. Salazar reclamó la aprobación de la reserva nada más tomar posesión. Es uno de los grandes objetivos del mandato. La Junta General del Principado aprobó por unanimidad en febrero impulsarla, y el Gobierno autonómico la está tramitando.
Pero la demanda de la Reserva Regional de Caza de Amieva viene de lejos, se remonta a hace más de seis años. Los antecedentes están salpicados por conflictos y enfrentamientos, e incluso una sociedad de cazadores anunció que la impugnaría. Hace años la actividad cinegética en el concejo estaba gestionada por la Sociedad Astur de Caza y posteriormente pasó a manos de una sociedad local. Hubo desencuentros entre dos sociedades y la adjudicataria, que se había comprometido a gestionar el coto durante diez años, lo dejó cuando aún faltaban cuatro, dejando tras de sí algunas deudas, según señaló ayer el alcalde amievense.
El resultado de todo ello fue que el Gobierno del Principado se hizo con la gestión del coto regional de caza, que pasó a ser Zona de Aprovechamiento Cinegético Común, pero con una particularidad: "Lo gestionó como si fuera una reserva regional, pero sin pagar ni un euro al Ayuntamiento", al contrario de lo que ocurre en el resto de la región. De ahí las quejas de las autoridades municipales. Carlos Salazar llegó a exigir al Ejecutivo de Adrián Barbón el pago del canon de los últimos cuatro años, unos 180.000 euros, según indicó "de memoria" el Alcalde. Solo obtuvo negativas.
El siguiente paso de Salazar fue movilizar a su partido. El PP denunció a mediados de febrero de este año la, en su opinión, "nefasta gestión" del Principado con respecto a la caza en Amieva. "El concejo lleva seis años esperando la resolución para ser declarado Reserva Regional de Caza, aunque de facto este territorio está gestionado como tal, pero, sin contrapartida para los vecinos. En Amieva la caza se gestiona como un chiringuito más del Gobierno de Asturias", criticaron los conservadores.
Porque la designación como Reserva de Caza conlleva una serie de beneficios para el territorio afectado, como la vigilancia y control por parte de la guardería del Principado, la compensación por daños causados por la fauna salvaje, la asignación de un porcentaje de cacerías para los cazadores locales, y la concesión de un canon compensatorio al ayuntamiento o ayuntamientos que integran la reserva.
Tal y como señalaron entonces los populares, en una reserva los cazadores locales, que se constituyen en tres cuadrillas, tendrían derecho al 30% de cacerías de rececho, al 47 % de las batidas y hasta un 40% de la caza menor. Actualmente solo se les permite un número limitado de 20 cacerías por daños al año, debiendo pagar por el resto. El concejo, además, al no ser Reserva de Caza no ha recibido en los últimos cuatro años ningún retorno económico por la gestión de ese patrimonio, como si lo hacen los 19 municipios que conforman las diez Reservas Regionales de Caza de Asturias.
Unos días más tarde, el diputado autonómico del PP Luis Venta presentó en la Junta General una proposición no de ley para aprobar la Reserva Regional de Caza de Amieva. La iniciativa fue apoyada por todos los grupos parlamentarios. Según el acuerdo alcanzado el 28 de febrero pasado, Amieva será reserva para la temporada 2024-2025; esto es, desde septiembre.
¿Qué hizo desde entonces el Principado? Abrió una consulta pública previa a la aprobación de la futura norma, cuyos objetivos son: "Propiciar la conservación de los elevados valores ambientales del área en cuestión y gestionar las especies cinegéticas de forma que permitan adecuar el nivel de daños causados por el jabalí y el ciervo, y ordenar los aprovechamientos del resto de las especies cinegéticas con los de las poblaciones de los espacios naturales protegidos inmediatos a sus límites, también gestionados por la Administración".