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Alberto Fernández: «La población de lobos es estable, incluso puede estar en declive»

El biólogo afirma que la media de cánidos abatidos al año es de «15 legalmente y 12 de manera ilegal»

Elena FERNÁNDEZ-PELLO

«La población de lobos en Asturias es más o menos estable, incluso puede que esté en declive, aunque el ruido de los medios de comunicación en sentido contrario es atronador», manifestó ayer, en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, Alberto Fernández, biólogo, investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y miembro de ASCEL, la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo ibérico.

Fernández ofreció una conferencia, organizada en colaboración con los grupos ambientales asturianos y presentada por Fructuoso Pontigo, de la Coordinadora Ecoloxista d´Asturies, en la que repasó los diez años de aplicación del Plan de gestión del lobo en el Principado.

Advirtió que la que iba a ofrecer sería «una charla aspera, aunque espero que no anodina» y en ella habló detenidamente sobre los ocho programas de control de población desarrollados desde la puesta en marcha del Plan, en 2003. En ese año, indicó, se produjo la declaración de algunas zonas como «no aptas para los lobos», las de Picos, Cuera y Sueve hasta 2006. A partir de entonces la referencia utilizada -«eufemísticamente», dijo- es la de «zonas sin gestión», en las que el objetivo no es otro que eliminar los lobos.

El biólogo mencionó unos datos que presentó recientemente la Consejería de Medio Ambiente, que hace un recuento de 279 lobos muertos desde el inicio del Plan. «La media de lobos matados legalmente al año es de 15 y de 12 los matados ilegalmente, incluidos atropellos y causas desconocidas», indicó. «El año que se matan muchos lobos legalmente se matan también muchos de forma ilegal, porque unos pocos grupos, los que son más vulnerables, soportan la mortalidad cada año», explicó el investigador.

También se refirió al número de cabezas de ganado perdidas por los ataques de los lobos y por la que la Administración del Principado tiene que pagar. En el año 2008 fueron 2.900, una cifra que se incrementó hasta las 3.500 al año siguiente. «Una tasa brutal, en mi opinión», manifestó.

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