El cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que anula un concurso-oposición de médicos por filtración de preguntas está generando abundantes debates internos y no pocos quebraderos de cabeza entre las autoridades sanitarias del Principado. Dos son los dilemas que centran las discrepancias internas. Por una parte, la posibilidad de despojar de su plaza fija a los 23 especialistas en medicina interna que la habían obtenido. Por otra, la opción de aplicar alguna sanción a los miembros del tribunal calificador que -según establece la sentencia- filtraron preguntas a algunos de los opositores. Estas cuestiones deberán ser clarificadas en un plazo breve. La próxima semana, el consejero de Sanidad, Francisco del Busto, tendrá que responder en la Junta General del Principado una pregunta de Podemos a este respecto.
La resolución del Supremo, fechada el pasado 23 de febrero, establece que Sanidad debe nombrar un nuevo tribunal calificador, convocar otra vez el segundo ejercicio (el afectado por las filtraciones) y volver a baremar los méritos de los candidatos. Desde el primer momento, la Consejería asumió la necesidad de cumplir escrupulosamente los términos de la sentencia, pero el modo concreto de hacerlo está generando divergencias.
En algunos ambientes médicos se subraya que esta determinación contrasta con la mostrada en la ejecución de la sentencia referida al concurso-oposición de medicina intensiva, también anulado por una deficiente aplicación de la nota de corte en el primer examen. "Ante la actuación del Principado, los opositores hemos tenido que acudir otra vez a los tribunales. Y nuevamente al Tribunal Superior de Justicia de Asturias, el mismo que desestimó nuestra demanda y que ahora va a ser el encargado de velar por la ejecución de la sentencia judicial dictada por el Tribunal Supremo", indican los médicos afectados.
Las dificultades comienzan cuando se discute qué se hace con los 23 médicos que obtuvieron plaza fija. Hay quienes proponen que se les despoje ya de la condición de fijos, vuelvan a ser interinos y se les mantenga en su puesto actual de forma provisional. Otras voces apuestan por demorar este paso hasta que se repita el proceso selectivo, tal vez con la esperanza de que de nuevo obtengan plaza los mismos y no sea necesario mover peones.
La segunda cuestión es aún más peliaguda. Exige dirimir si se sanciona de algún modo al presidente del tribunal -Victoriano Cárcaba, jefe del área de medicina interna del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA)- y a algún otro miembro del tribunal implicado en las filtraciones. El equipo calificador estaba integrado también por Juan Carlos Fernández, Paz Villaverde, María Teresa Vázquez, Inés Fernández, Miguel Alberto de Zárraga y Joaquín Morís.
Sobre el ánimo de la Consejería pesa un precedente muy similar en otro concurso-oposición de ese mismo proceso selectivo, el de médicos de rehabilitación. Una de las integrantes del tribunal, Aurora Acebal, reconoció que también en el segundo ejercicio -dos casos prácticos- había contado con una persona ajena al tribunal para diseñar el examen. Como consecuencia, fue relevada de esta responsabilidad y más tarde suspendida de empleo y sueldo durante dos meses.
