La Fiscalía pide 26 años para el acusado de asesinar a la ovetense Karla Pérez en Melilla

Karla Belén Pérez tenía 22 años cuando fue estrangulada por su expareja y padre de su hijo, el marroquí Abdelwahid Aghbalou, doce años mayor que ella. El 10 de julio de 2016, la joven había acudido a Melilla para visitar a Aghbalou, a pesar de que pesaba sobre él una orden de alejamiento por maltrato. Tras pasar el día juntos, el acusado estranguló a la joven y la dejó tirada junto a unas casetas en el entorno del paseo marítimo de la ciudad. Un vecino que practicaba deporte a primera hora de la mañana localizó el cuerpo de la joven en la zona de la playa de la Hípica. Se encontraba sobre una jardinera, apoyado en la maleta gris que la víctima portaba con sus pertenencias. El hombre huyó con el hijo de ambos y se entregó horas después junto al bebé, de 10 meses, en la comisaría de la ciudad. El crimen conmocionó a la ciudad el verano pasado.

"No vuelvas con él, no parará hasta que te quite el niño o te mate". Esta fue la advertencia de una de las amigas de la víctima semanas antes del suceso. El entorno de Karla Pérez aseguró entonces que las cosas no iban bien en la pareja. Durante la etapa en que ambos vivían juntos en un piso de la calle Lorenzo Abruñedo, en el barrio de Ciudad Naranco, existe constancia de un episodio de violencia de género por lesiones y amenazas. El Juzgado impuso al marroquí una orden de alejamiento y otra decretando su expulsión del país.

Karla Pérez y Abdelwahid Aghbalou continuaron manteniendo relación a pesar de la resolución judicial y las advertencias de las amigas de ella. Tenían contacto por teléfono y a través de la red social Facebook. Ambos acordaron verse. Ella viajó a Melilla para encontrarse con el marroquí y, desde allí, acudir juntos a Tánger para presentar al bebé a los padres del hombre. En su reencuentro, los tres pasaron juntos el día. Ya de madrugada, en una zona oscura del paseo, la pareja mantuvo una discusión y Aghbalou habría terminado con la vida de la joven. La fiscalía sostiene que la agarró fuerte del cuello hasta asegurarse de que no respiraba y que escapó con el bebé y el móvil de la víctima, que vendió por 180 euros. No fue muy lejos. A las pocas horas, se presentó en comisaría para confesar lo ocurrido.

Libertad vigilada

La fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato, otro de quebrantamiento de condena y un delito leve por hurto. El ministerio público solicita 25 años de prisión por asesinato y un año más por quebrantar la orden de alejamiento y la expulsión del país interpuesta por el delito de violencia de género. Además a la pena de cárcel, el acusado se enfrenta a un período posterior de 10 años de libertad vigilada, controlado por un dispositivo electrónico y la prohibición de aproximarse o comunicarse con los familiares de la fallecida. Asimismo, no podrá residir en la provincia de Córdoba, donde viven el hermano y la cuñada de la víctima.

Gabriel Pérez, el hermano de Karla, afirmó en declaraciones a este periódico que cualquier pena es poca para la pérdida de un ser querido. "Si hubiese algo más que se pudiera pedir, se pediría, pero hay que respetar la Ley", dijo.

El fiscal también solicita la retirada de la patria potestad del hijo de la pareja y una indemnización de 346.000 euros para la familia de la víctima, con el siguiente desglose: 200.000 euros para el menor, 60.000 euros para cada uno de los padres de la fallecida y 26.000 euros para el hermano. Para este último, las indemnizaciones están en un segundo plano. "Nada puede reemplazar la muerte de un familiar", afirma.

El juicio se celebrará con jurado popular en Oviedo, pero aún no hay fecha para la vista. El acusado está en prisión.