El retraso de las obras de adecuación del Auditorio Príncipe Felipe a la normativa legal contraincendios, que todavía no han salido ni a licitación un año después de que trascendiesen importantes carencias en la seguridad del inmueble, obligan a reducir en un 25%, por segunda edición consecutiva, el aforo habitual del concierto organizado por la Fundación Princesa de Asturias. Los Reyes de España presiden el recital la noche previa a la ceremonia de entrega de los Premios. El concierto de este año, previsto para el próximo día 18 y cuyo programa se desvelará la semana que viene, será para 1.500 espectadores y no para 2.000 como venía siendo habitual hasta 2017. La causa del recorte es que únicamente se ocupará la sala principal del Auditorio, dotada con 1.500 butacas, mientras que la polivalente, de 500 plazas, permanecerá cerrada. Y es que, a la vista de los informes elaborados por los expertos, los técnicos municipales recomiendan que no se usen los dos espacios al tiempo, con el objetivo de facilitar, en caso de emergencia, la evacuación de un inmueble inaugurado en 1999 y que sigue activo, aunque con menos actividad y con algunas zonas clausuradas.
Los problemas en el dispositivo contraincendios, que se hicieron públicos pocas semanas antes del concierto de la Fundación del pasado año, llegaron a poner en grave riesgo la celebración del recital, toda vez que se sopesó el cierre total del inmueble como medida de prevención. Sin embargo, finalmente, se decidió dejarlo abierto y mantener la actividad programada, aunque con una serie de restricciones, entre las que figura no ocupar a la vez la sala principal y la polivalente. Un año después, la situación del Auditorio apenas ha cambiado y, de cara al concierto del día 18, se mantienen las mismas limitaciones de aforo de 2017, según han confirmado a este diario fuentes municipales y de la Fundación Princesa de Asturias.
Contratación
La intención inicial del tripartito era ejecutar las obras para que el Auditorio cumpla las normas contraincendios por fases y poner en marcha la primera de ellas a lo largo de la pasada primavera. Sin embargo, la comisión mixta de políticos y técnicos creada para el seguimiento de la seguridad en el inmueble decidió el pasado mes de enero contratar la actuación de forma global y no por partes, atendiendo las indicaciones de los servicios municipales de Intervención, que alertaron de que fraccionar podría contravenir la nueva ley de contratos públicos, que estaba a punto de entrar en vigor. Fuentes consistoriales ya pusieron de manifiesto en aquel entonces que la fórmula elegida iba a alargar los plazos previstos.
Basado en un detallado informe elaborado por el arquitecto José Luis Pérez-Lozao Macías, el tripartito encargó al también arquitecto Adolfo César Díaz un proyecto que, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA en septiembre, ha llegado al Consistorio y está siendo analizado ahora por los técnicos municipales para comprobar si se ajusta a lo requerido por el gobierno municipal. De ser así, el área de Infraestructuras lanzará los contratos para ejecutar una actuación que ha sido presupuestada inicialmente, y a la espera de lo que determine el proyecto, en cerca de 850.000 euros.
La idea es iniciar las obras por la zona administrativa Oeste, así como por una parte del sótano y la sala de mercancías. Posteriormente, la actuación se ampliaría a todo el sótano, la mayor parte de la planta baja, la planta inferior de la sala principal y la sala polivalente, para la que se propone la instalación de rociadores de agua y la ampliación del aljibe. La última fase se centraría en el resto de dependencias del edificio. La primera alternativa para el atrio general era mejorar la seguridad en ese enclave con la instalación de rociadores automáticos que cubriesen una superficie total de 4.779,2 metros cuadrados con la menor alteración posible en la configuración arquitectónica del edificio. Sin embargo, una vez analizada estética, técnica y económicamente la propuesta, Pérez-Lozao se decantó por dejarla sin efecto y sustituirla por una compartimentación del atrio en sectores, con un tamaño que no supere los 2.500 metros cuadrados cada uno.
Aunque las carencias contraincendios trascendieron hace un año, el tripartito era consciente de que el inmueble incumplía la normativa en la materia al menos desde 2016.
J. A. O.
¿Qué problemas de seguridad tiene el Auditorio?
Un informe redactado el año pasado por el arquitecto José Luis Pérez-Lozao Macías desveló un cúmulo de carencias en materia de protección contraincendios del equipamiento. Van desde la compartimentación o la evacuación de los ocupantes hasta el mal comportamiento ante el fuego de ciertos materiales y elementos constructivos.
¿Desde cuándo eran conocidas estas carencias?
En mayo de 2016, un primer informe de Fremap ya alertaba de numerosos defectos en todas las plantas del Auditorio, lo mismo en puertas, escaleras o barandillas, que en las rampas o en la sectorización
¿Cómo es posible que el Auditorio abriera en 1999 y funcionara desde entonces con estas deficiencias de seguridad?
La seguridad fue puesta en entredicho desde la inauguración del inmueble, pero Rafael Beca, el arquitecto que lo diseñó, asegura que, aunque puso pegas al principio, el responsable de Bomberos del Ayuntamiento de Oviedo dio de paso el proyecto, que se contó con todos los permisos y que hasta una sentencia judicial garantiza que todo estaba en orden.
¿Qué se va a hacer ante los informes que alertan de los riesgos de seguridad?
Un informe encargado por el tripartito calcula que las obras para adaptar el Auditorio a la normativa contraincendios costarán en torno a 850.000 euros y afectarán a todas las plantas del edificio, incluyendo el atrio que va ser compartimentado.
¿Por qué no han arrancado las obras previstas un año después de que trascendieran los problemas?
La intención del gobierno local era contratar las obras por fases para agilizar la actuación, pero, finalmente, decidió hacerlo de forma conjunta. Un año después de que trascendieran los problemas de seguridad, el proyecto está siendo analizado por los técnicos municipales como paso previo a la licitación de los trabajos.
