La jueza del Juzgado de instrucción número 3 de Oviedo, María Begoña Fernández, ha admitido a trámite la querella presentada a título personal por el concejal del PP, Gerardo Antuña, en el proceso judicial que investiga la supuesta prevaricación y tráfico de influencias en la adjudicación de cuatro nuevos chiringuitos en la Corrada del Obispo para las fiestas de San Mateo del pasado año. Con esta decisión, el concejal pretende garantizar que haya juicio en el caso de que el fiscal decida no presentar cargos.
El ministerio público pidió al juez el mes pasado que reconozca la complejidad de la investigación, al estimar que resulta imposible analizar todos la documentación en el plazo habitual de instrucción, que es de seis meses. En caso de que se tenga en cuenta esta petición, la fiscalía dispondría de año y medio para cerrar su labor.
La querella presentada por Gerardo Antuña por presuntos delitos de prevaricación administrativa, trafico de influencias y fraude. Va dirigida contra el concejal de Cultura, Roberto Sánchez Ramos (Rivi), y el resto de miembros del consejo rector de la Fundación Municipal de Cultura. Se trata de los ediles de Somos Ana Taboada y Fernando Villacampa, y de los socialistas Diego Valiño Seva y Ricardo Fernández.
Reparto de puestos
El caso fue denunció en un principio por el partido. El PP advertía sobre un procedimiento irregular por el que los colectivos que habrían obtenido determinados puestos en el sorteo organizaron sus huecos y se pusieron de acuerdo para repartirse los espacios de la Corrada del Obispo y dejar vacíos los del Campilllín. "Una vez resueltas las adjudicaciones", explicó entonces Antuña, "haciendo caso omiso a la prohibición de ceder, vender o subarrendar a terceros la autorización para instalar el chiringuito, dado su carácter personal e intransferible, quienes resultaron adjudicatarios decidieron por su cuenta y riesgo y sin el menor rubor ni ocultación, aliarse y repartirse los puestos obtenidos según su conveniencia".
