Los afectados por la mudanza de Minas exigen ver los expedientes

La nueva asociación de afectados por el traslado de la Escuela de Minas va ganando peso y ya supera los cien miembros. De ellos, la gran mayoría son fundadores (84), pero en las últimas semanas han ido ganando adeptos hasta superar la barrera psicológica del centenar. Su objetivo es el de plantar batalla al rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, e intentar parar por todos los medios la mudanza al campus de Barredo (Mieres). El portavoz de la agrupación, Juan José del Campo, asegura que el primer paso dado ha sido el de reclamar como parte interesada en el trámite el expediente que están gestionando los órganos universitarios para la mudanza de la Escuela. Pretenden conocer los pormenores técnicos del traslado y, especialmente, los detalles económicos de forma más minuciosa. "Estamos en ese trámite ahora, y ellos tienen los plazos que les fija la ley de las administraciones públicas para respondernos", resaltó Del Campo.

Hasta ahora, todos los intentos que, a título individual, han hecho algunos de los miembros fundadores de la asociación para conocer los pormenores del expediente han caído en saco roto. La propia Universidad les ha dado con la puerta en las narices. Aunque Del Campo no tira la toalla. "A título personal también he pedido tener acceso a la memoria justificativa que sirvió de base para que el consejo de gobierno de la Universidad, en julio, y el consejo social, en septiembre, dieran luz verde al traslado", asegura. Entiende el portavoz de la asociación que debería ser un documento público que cualquier ciudadano pudiera consultar. La Universidad ya le ha negado el acceso a los papeles por no acreditar ser parte interesada en el proceso. No ceja en su empeño. Ahora ha tramitado la reclamación ante el consejo de transparencia y de buen gobierno de la Universidad y si también recibe un no como respuesta asegura que irá por la vía contenciosa administrativa para intentar tener acceso al expediente.

También han exigido al consejo social universitario –en el que están representados los principales actores de la sociedad civil asturiana (partidos políticos, sindicatos y empresarios)– que haga públicas las actas de sus reuniones. El éxito en esta reclamación ha sido también nulo.

Lo que sí que valora positivamente es el aumento de socios que está experimentando la asociación de afectados por el traslado. "Aquí, todos aquellos que defiendan que haya un campus STEM en El Cristo en el que ciencia y tecnología converjan, y que apoyen una mayor participación de las empresas en la Universidad, son bienvenidos", resaltó Del Campo.

Suscríbete para seguir leyendo