Más de dos centenares de vecinos de La Collada y Muñó intentan presentar alegaciones al proyecto para realizar 23 prospecciones en estas zonas sierenses, iniciativa cuyo objetivo es analizar la viabilidad de ampliación de la explotación minera de Fluorspar, filial de Minersa. En la zona ya está en funcionamiento la mina de La Viesca, para el descontento de los residentes. Estos no han podido llegar a formalizar sus objeciones a las catas.

Habían seguido el sistema de cita previa del Ayuntamiento de Siero, pero tenían previsto que una única persona fuese la encargada de presentar las doscientas alegaciones. Sin embargo, en el registro municipal determinaron que cada particular debía presentar la suya propia. Si no, podrían hacerlo de manera telemática –pero no todos los vecinos de la zona tienen firma electrónica– o por correo certificado individualizado, cuyo precio puede alcanzar más de los quinientos euros. “Estamos valorando otras opciones”, señalan los afectados.

Según cuentan, no tienen ninguna información directa de la empresa y lo que ellos exigen es “transparencia”. La empresa ya tiene emplazada en La Collada, justo en el límite entre Siero y Gijón, la mina de La Viesca, pero los vecinos carecen de conocimiento sobre su funcionamiento, solo los camiones que pasan por la zona, con los destrozos que ocasionan en la carretera. “Nos gustaría saber si hay galerías pasando debajo de nuestra casa o si hay previsión de hacerlas”, recalca Luisa González, presidenta de la Asociación Cultural El Texu.

Experiencias pasadas

En la zona tienen muestras de la última vez que se hicieron explotaciones mineras. Dejaron un pueblo, El Cantu, que tenía casas centenarias, completamente deshabitado, con escombreras y los restos de la antigua instalación en ruinas. La empresa que lo explotaba, Fluoruros, quebró y lo dejaron todo tal y como estaba.

Pero, además, a su paso, dejaron agujeros en numerosas fincas, por las galerías que pasaban por debajo y por los respiraderos. La legislación, en ese sentido, ha cambiado y ahora existe la obligación de hacer un informe de impacto ambiental, entre otras precauciones. Pero los vecinos de La Collada y Muñó tienen miedo a que la historia se repita.