Fiscalía pide 17 años de prisión por maltratar durante años, amenazar y agredir sexualmente a su mujer en Siero

El procesado lleva casado 13 años y el matrimonio tiene dos hijos, que contaban 15 y 9 años en el momento de los hechos

Vista exterior de los juzgados de Llamaquique, en Oviedo.

Vista exterior de los juzgados de Llamaquique, en Oviedo. / Pablo Solares

P. T.

Fiscalía del Principado solicita la condena de un procesado por maltratar durante años, amenazar y agredir sexualmente a su esposa, en Siero. La vista oral finalizó hoy en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, y quedó vista para sentencia. El procesado lleva casado 13 años y el matrimonio tiene dos hijos, que contaban 15 y 9 años en el momento de los hechos y con los que convivían en su domicilio familiar sierense.

El Fiscal sostiene que, durante la relación de noviazgo, que duró 5 años aproximadamente, se sucedieron diversos episodios violentos debido al carácter del procesado, "muy posesivo y con frecuentes ataques de ira, que fueron intensificándose a partir del nacimiento del primer hijo". La relación de pareja habría empezado a deteriorarse, con discusiones, celos y "el control que el procesado trataba de ejercer sobre su mujer, exigiéndole que le diera cuenta de todos sus movimientos y aislándola de sus amistades y familia"

Según el relato de Fiscalía, de manera continuada, la mujer recibía un trato vejatorio, humillante y amedrentador, "no solo cuando estaban a solas, sino también en presencia de terceras personas y de sus propios hijos, profiriéndole de forma habitual expresiones como 'zorra, puta, hija de puta, gocha, sinvergüenza". Además le prohibía trabajar en determinados sitios, la obligaba a cambiarse de ropa porque no quería verla “arreglada” o le controlaba la ropa interior que vestía.

"Esta escalada de violencia culminó cuando su hijo mayor tenía poco más de un año, produciéndose situaciones en las que era golpeada a patadas, puñetazos y bofetones, o bien era arrinconada contra una pared mientras él gritaba e insultaba y lanzaba objetos y enseres de la casa", describe la Fiscalía. Añade que "durante la convivencia se produjeron situaciones en las que se veía obligada a mantener relaciones sexuales completas sin su consentimiento".

Lo que sucedía llevó a la mujer a mantener una actitud de sumisión y miedo a su marido, pero no interpuso denuncia. Tras uno de los episodios violentos, el procesado se fue del domicilio conyugal. Sin embargo, el matrimonio continuó viéndose de modo intermitente, hasta que, en mayo de 2022, se produjo la ruptura definitiva por decisión de la mujer. "El procesado no aceptó esta decisión y le dijo que si no volvía con él se iba a suicidar de un tiro, y llegó a bajar al armero que tenían en la casa para escenificar la amenaza, a la vez que le decía que si la veía con otro no respondía, que de prisión se sale pero del cementerio no", precisa el ministerio público.

A los hijos se les hacía partícipes de los incidentes que provocaba el procesado cuando trataba de controlar a la mujer. "Cuando le correspondían las visitas, no les atendía adecuadamente ni les daba de comer para forzar a su mujer a acudir a la vivienda, o bien se hacía acompañar por su hija de 9 años por distintos bares de la localidad, consumiendo alcohol hasta altas horas de la madrugada, tras lo cual regresaba a casa conduciendo su vehículo en ese estado", dice el escrito. Esto último fue lo que finalmente, el último fin de semana de mayo de 2022, hizo que la esposa formulara denuncia.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito violencia de género habitual, uno de agresión sexual, uno de lesiones y uno de amenazas. Concurre además en el procesado, estima, la circunstancia agravante de parentesco y la de razones (desprecio) de género. Por todo ello, solicita un total de 17 años de prisión.

Por el delito de violencia de género habitual se solicitan 3 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 4 años y 1 día, e inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad durante 4 años. Además, la prohibición de aproximarse a ella y a sus hijos, domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar donde se encuentren, a menos de 500 metros, así como la prohibición de comunicarse o relacionarse con ellos por cualquier medio durante 4 años.

Por el agresión sexual se piden 12 años de prisión, con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. Además, la prohibición de aproximarse a la mujer, su domicilio, lugar de trabajo, ocio o cualquier otro frecuentado por ella a menos de 500 metros, y de comunicarse con ella por cualquier medio durante 15 años. También que el hombre permanezca en libertad vigilada a cumplir con posterioridad a la pena privativa de libertad durante 10 años e inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, durante 17 años.

Por el delito de lesiones se reclama 1 año de prisión, con la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y privación del derecho a la tenencia de armas durante 2 años. Además, la prohibición de aproximarse a la mujer, a su domicilio, lugar de trabajo, ocio o cualquier otro frecuentado por ella, a menos de 500 metros, y de comunicarse con ella por cualquier medio durante 2 años.

Por último, en relación al delito de amenazas se solicitan 1 año de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y privación del derecho a la tenencia de armas durante 2 años. Además, la prohibición de aproximarse a la mujer, a su domicilio, lugar de trabajo, ocio o cualquier otro frecuentado por ella, a menos de 500 metros, y de comunicarse con ella por cualquier medio durante 2 años.

Fiscalía plantea también para el procesado el abono de las costas procesales y, concepto de responsabilidad civil, que indeminice a la mujer con 12.000 euros por los daños morales causados. También al Servicio de Salud del Principado, "con la cantidad que se acredite por los gastos de asistencia causados".