Oviedo, Efe

La diputada del PP Inmaculada González anunció ayer que su grupo parlamentario solicitará la comparecencia en la Junta General de la consejera de Bienestar Social, Pilar Rodríguez, para que explique las cifras de la aplicación de la ley de Dependencia, que considera «engordados con conocimiento de causa». Dos días después de la celebración en la Junta General de la Comisión de Bienestar Social, González criticó a la Consejera por facilitar datos «erróneos» y «contradictorios» sobre la aplicación de la Dependencia y asegura que entre los potenciales beneficiarios de esta prestación cunde un «malestar tremendo», mientras que los ayuntamientos se sienten «engañados».

Además, la diputada del PP insistió en sus críticas sobre la gestión que la Consejería de Bienestar Social hace en política de infancia. La diputada del PP dijo que, en materia de adopciones, le pone a la Consejería un «cero» y exigió a este departamento que cumpla una proposición no de ley aprobada en el Parlamento regional en la que se exige que se agilicen los trámites para conceder el doble expediente internacional.

González acusó a Eva Sánchez, directora de Atención Social a la Infancia, de no responder a las preguntas que le formuló el pasado lunes en la Junta y anunció que también solicitará la comparecencia de la Consejera para que responda a estas cuestiones, y espera que vaya al Parlamento «mejor informada» que la directora general. En su opinión, «no es de recibo» que mientras muchas familias asturianas están esperando un niño en adopción, la Administración regional ponga trabas y condene a muchos niños a «estar en la rueda de los servicios sociales toda su vida».

La diputada criticó el funcionamiento del Centro Materno Infantil de Oviedo y dijo que está acogiendo hasta treinta menores inmigrantes no acompañados, cuando apenas tiene capacidad para la mitad. En su comparecencia, Eva Sánchez dijo que en este momento hospeda a 24 menores, uno de ellos fugado.

Además, denunció que estos menores no están escolarizados para facilitar su proceso de socialización, tal como obliga la ley, aunque «no sepan ni una palabra de español».