Madrid, Efe
El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debate hoy el informe aprobado por la comisión de estudios sobre la ley del aborto, cuya votación se verá condicionada por la posición que adopten el presidente de este órgano, Carlos Dívar, y el vocal nombrado a propuesta de CiU, Ramon Camp.
Para la aprobación definitiva del texto, el voto de Camp es decisivo, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces, ya que previsiblemente contará con el respaldo de los nueve vocales elegidos a propuesta del PSOE y de Margarita Uría (del PNV y ponente del dictamen), y con el voto en contra los nueve designados por el PP y el presidente del Consejo.
El informe redactado por Uría considera que el anteproyecto de ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo es constitucional. No obstante, incluye algunas recomendaciones al Gobierno, como que se reconozca el derecho de los padres a ser informados de que sus hijas menores de edad van a abortar.
La trascendencia del voto que emita Ramon Camp en la reunión de hoy ha motivado incluso que la plataforma «HazteOir.org» haya puesto en marcha una iniciativa en internet para hacer llegar al vocal propuesto por CiU miles de correos electrónicos pidiéndole que vote «en conciencia» y en contra del informe.
Si Camp votara a favor del dictamen de Uría, éste se aprobaría por once votos a diez, pero si finalmente se abstiene el resultado sería un empate. En ese caso, sería el voto de calidad del presidente del Poder Judicial, Carlos Dívar, el que decidiría, y el informe sería rechazado.
En la sesión plenaria de hoy, el CGPJ también se pronunciará sobre el voto particular de dos vocales del sector conservador -Claro José Fernández y Concepción Espejel- que en la reunión de la Comisión de Estudios de la semana pasada votaron en contra del texto. Dicho voto particular incluye el informe elaborado inicialmente por el propio Claro José Fernández, que consideraba inconstitucional la aprobación de un sistema de plazos en el ordenamiento jurídico español, y que ya fue rechazado por la comisión de estudios.
