Madrid, Agencias

El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, propuso ayer que el último curso de la enseñanza obligatoria (cuarto de ESO) sea de orientación, con perfiles hacia Bachillerato o FP, a elegir por el alumno, y que los cambios normativos en materia de Educación requieran dos tercios del Parlamento, a fin de garantizar el apoyo de los dos grandes partidos.

Quienes al terminar tercero de ESO no estén en condiciones de acceder a ninguna de esas opciones podrán repetir este curso, con los refuerzos adecuados; cursar un programa de diversificación curricular o un Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) de dos años, que ahora comienza al terminar la ESO sin titulación.

Al finalizar cualquiera de las dos opciones de cuarto de ESO (Bachillerato o FP), el alumno obtendrá el título de graduado, lo que le permitirá proseguir en los estudios posobligatorios.

La duración del Bachillerato (que continuaría formalmente en dos cursos) queda «reforzada» por la opción de orientación del último curso de ESO, lo que permitiría que cumpla «mejor» sus funciones, según el documento de cien medidas para un Pacto Social y Político por la Educación que Gabilondo presentó a los consejeros autonómicos.

Se establecerán «convalidaciones recíprocas» entre las materias de Bachillerato y de FP para facilitar el cambio de opción de los alumnos que lo deseen.

En sexto de Primaria y tercero de ESO se realizará una evaluación de diagnóstico de las competencias básicas por el Instituto de Evaluación a todos los estudiantes de estos niveles, con carácter formativo, orientador y de refuerzo educativo. Ahora son en cuarto de Primaria y segundo de Secundaria.

Gabilondo defiende que los alumnos sigan formándose al menos hasta los 18 años, aunque la obligatoriedad sea hasta los 16 años, para que en 2020 el 85 por ciento de ellos (ahora son el 70 por ciento) esté formándose o tenga un título posobligatorio que asegure que puedan ser contratados, no sólo en Bachillerato, sino también en formación vinculada al empleo.

En cuanto al profesorado, se habla de «promover su autoridad moral y profesional en el ejercicio de sus funciones».

Preguntado por si el texto recoge la garantía de la enseñanza en castellano, como quiere el PP, no lo considera imprescindible, y se remitió al «pacto constitucional» sobre este asunto, lo que no impide que se vayan a evaluar los conocimientos de esta lengua.

El PSOE subrayó que la propuesta, que se debatirá durante febrero, refleja la voluntad del Gobierno de avanzar en el pacto educativo, mientras el portavoz de Educación del PP en el Congreso, Juan Antonio Gómez Trinidad, señaló que el texto supone «un paso más» para alcanzar un Pacto de Estado por la Educación, pero es «insuficiente porque evita los grandes temas».

Las dos principales asociaciones de padres valoraron positivamente la propuesta, aunque con distinto grado de entusiasmo. Para la CEAPA, demuestra la «voluntad de diálogo», y la CONCAPA echa de menos el tercer año de Bachillerato. Las patronales CECE y FERE valoran el intento de flexibilizar el sistema educativo.