Barcelona, Agencias
Las corridas de toros, en Cataluña, tienen un período de caducidad. El Parlamento aprobó ayer, por 68 votos a favor, 55 en contra y 9 abstenciones la ley que las prohibirá a partir del 1 de enero de 2012. El voto de 32 de los 48 diputados que tiene CIU y el de 3 de los 37 del PSC, decantó finalmente la prohibición, que ya tenía el respaldo anunciado de ERC e ICV. Partido Popular y Ciudadanos votaron en contra de la norma. La mayoría de los diputados nacionalistas se inclinó por el sí, los socialistas optaron casi todos por el no. Todos los partidos ecologistas aplaudieron la decisión del Parlamento catalán, mientras que la Plataforma en Defensa de la Fiesta anunció que recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional. Cataluña es la segunda comunidad española, tras Canarias, que prohíbe el festejo taurino.
El presidente de la Generalitat, José Montilla, que votó en contra «porque estoy a favor de la libertad; hubiera preferido que no fuese una imposición legal», pidió que la prohibición no se convierta en un nuevo conflicto entre España y Cataluña. «Espero moderación y sentido de la responsabilidad de todo el mundo».
En el mismo sentido se manifestó el presidente de CiU, Artur Mas, quien defendió su voto favorable a la ley por una cuestión de «conciencia personal, no idelógica». La prohibición permite construir «una Cataluña mejor». A su juicio, «la tradición taurina no es un tema de futuro sino de pasado».
Entre los diputados que votaron a favor de la iniciativa legislativa destacan Joan Puigcercós (ERC); el vicepresidente de la Generalitat, Josep Lluís Carod Rovira, y el consejero de Interior, Joan Saura. En las filas del PSC hubo una abstención destacada, la del consejero de Economía, Antoni Castells, quien en los últimos meses ha discrepado bastante con la dirección de los socialistas catalanes.
La presidenta del PP en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, afirmó que el de ayer era «un día triste para Cataluña» y acusó al PSC y a CiU de haber impulsado la prohibición. «No se puede estar a la vez a favor y en contra de los toros», aseguró. Alicia Sánchez anunció que llevará al Senado y al Congreso una propuesta para declarar la fiesta de los toros de interés cultural para que sea protegida en el conjunto de España y no pueda ser prohibida en ninguna comunidad autónoma.
PP y Ciudadanos acusan a los grupos nacionalistas de votar a favor de la prohibición por motivos políticos y argumentan que los «correbous», el festejo taurino tradicional catalán que castiga al toro, no se tocan. ERC e ICV responden que su único objetivo es desterrar de los espectáculos públicos el sufrimiento que vive el animal en la plaza.
La plataforma «Prou!», promotora de la prohibición, celebró la decisión parlamentaria y recibió numerosas felicitaciones de grupos ecologistas y Verdes de toda Europa.
En el exterior del Parlamento catalán, defensores y detractores de la fiesta acogieron con desigual entusiasmo la votación. «Barcelona antitaurina oe, oe, oe» y «Traidores, traidores» eran dos de los eslóganes más repetidos.
Los empresarios taurinos deberán negociar ahora con la Generalitat las indemnizaciones por el fin de la fiesta, que cifran en unos 300 millones de euros. La prohibición, según los cálculos del Partido Popular, costará a cada familia catalana 250 euros.
