La asociación Derecho a Morir Dignamente denuncia la dejadez del Gobierno del Principado en el desarrollo de la Ley del Principado de Asturias sobre derechos y garantías de la dignidad de las personas en el proceso del final de la vida, que contempla la constitución del Observatorio de la Muerte Digna, un organismo que deberá evaluar la calidad de la muerte en Asturias y que tiene entre sus funciones reunir datos sobre los documentos de instrucciones previas que se formalicen, analizar los informes de las Comisiones de Mortalidad y redactar un informe anual con conclusiones y recomendaciones.
Desde la junta directiva de la asociación Derecho a Morir Dignamente en Asturias advierten que tras la aprobación de la ley de muerte digna, el 22 de junio de 2018, el Observatorio debería haber empezado a funcionar el pasado mes de octubre. Sin embargo, aseguran que nada se ha vuelto a saber de él. La Consejería de Sanidad del Principado abrió una consulta pública previa sobre el proyecto de decreto que debería regular la composición y el funcionamiento del Observatorio de la Muerte Digna en la comunidad, pero desde entonces no han trascendido avances en su tramitación.
El Observatorio de la Muerte Digna ya funciona en Navarra, una comunidad que cuenta con una ley foral sobre la muerte digna desde 2011 y que hasta el año pasado no creó ese organismo. El Ejecutivo navarro lo presentó como una herramienta que permitiría hacer un seguimiento de los avances que se están produciendo en la asistencia del proceso final de la vida y que permitirá detectar situaciones de desigualdad y vulnerabilidad, además del cumplimiento de la normativa. También en el País Vasco se ha planteado la posibilidad de crear un organismo con funciones similares.
Asturias ha sido una de las últimas comunidades que han regulado el derecho a una muerte digna, junto a la Comunidad Valenciana y el País Vasco. Andalucía fue la pionera, con una ley que data del año 2010, y también cuenta con una normativa específica Aragón, Canarias, Galicia, Baleares, Madrid y Navarra.
La regulación de la eutanasia y el suicidio asistido para enfermos terminales o con un sufrimiento extremo es otro asunto y entra dentro de las competencias del Gobierno de la nación. De hecho, la iniciativa legislativa quedó bloqueada el pasado mes de octubre. En junio de 2018 el Congreso aprobó una proposición de ley presentada por el PSOE para regular la eutanasia, que fue aprobada por 208 votos a favor, 133 en contra (PP, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias) y una abstención (Coalición Canaria).
El pasado mes de octubre el PP presentó una enmienda a la totalidad de la proposición de ley y desde entonces ha solicitado la ampliación del periodo de presentación de enmiendas cerca de una veintena de veces. Ciudadanos, que en su día había llevado al Congreso una ley de muerte digna, no lo impidió.
El debate sobre la eutanasia volvió esta semana a las primeras planas tras el fallecimiento de María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple desde hacía treinta años, sin apenas movilidad ni visión, y el ingreso en prisión de su marido Ángel Hernández, tras confesar que la había ayudado a morir suministrándole la sustancia letal que ella misma había adquirido por internet tres años antes.
El caso de la pareja madrileña, que llevaba años esperando por la regulación de la eutanasia, ha movilizado por toda España a los colectivos que la defienden como un derecho personal. En Asturias, la asociación Derecho a Morir Dignamente, de la que forman parte cerca de doscientas personas, ha informado de que al menos dos mujeres asturianas están preparadas para consumar su suicidio asistido, si la legalización no llega antes.
