El presidente del Principado, Adrián Barbón, se ha referido al "pin parental" -la autorización de los progenitores para que sus hijos asistan a las actividades impartidas por personal no docente en los centros educativos que impulsa Vox- como un "intento de censura" para que los niños y niñas no tengan una "visión plural de las cosas". Barbón ha abogado por la "sensatez" de la derecha y el centro-derecha, en referencia a formaciones como PP y Ciudadanos, para que no apoyen esta "locura" y no dejen el liderazgo de la oposición en manos de Vox.
Barbón manifestó ayer que propuestas como la de Vox están convirtiendo la política "en un circo", por una "extrema derecha que no tienen pudor ni límites". Indicó que los padres ya participan en la selección de actividades a través de los consejos escolares, en los que se aprueba la programación anual, y destacó que la educación pública debe ofertar "la pluralidad de visiones que hay en el mundo, no una". "Nadie tiene derecho a decidir por nosotros, por muy pequeños que seamos", añadió.
Barbón hizo ver que el "pin parental" permitiría que unos padres vetaran contenidos como que la Tierra no es plana, que las vacunas son buenas, que el maltrato contra la mujer no es aceptable o que la homosexualidad no es una enfermedad. "Eso es lo que está en juego", afirmó, para seguir argumentando que el debate no debe centrarse en la propiedad de los hijos, sino en la posibilidad de "censurar" su visión de la realidad y que "conozcan el mundo y tengan una visión plural de las cosas". "Que los niños sean en un futuro ciudadanos íntegros, con todos los derechos", concluyó.
El Gobierno, los partidos políticos y las comunidades autónomas continuaron enzarzados ayer en la polémica por el "pin parental", que de momento solo se ha implantado en Murcia, región a la que el Ministerio de Educación ha dado un plazo de mes para que lo retire antes de acudir a los tribunales. El debate subió de tono después de que Victoria Rosell, propuesta para el cargo de delegada del Gobierno para la Violencia de Género, ironizara con la posibilidad de aplicar en Murcia el artículo 155 para impedir la implantación del "pin parental".
El presidente de Murcia, Fernando López Miras (PP), ha considerado una "barbaridad" tanto el ultimátum de Educación como que se pueda plantear aplicar el artículo 155 en caso de desobedecerlo. Para López Miras, es una "frivolidad" hablar de desobediencia en este asunto con la situación actual en Cataluña y ha añadido que los servicios jurídicos de su comunidad están estudiando la figura legal que respaldará la implantación de este permiso. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, lanzó ayer en un tuit que "para Pedro Sánchez es más grave ser murciano que ser condenado por desobediencia o estar encarcelado por intentar un golpe al Estado".
La ministra de Educación, Isabel Celaá, considera que el "pin parental" es "una suerte de objeción de conciencia no prevista en la ley", que vulnera el derecho fundamental a la educación y diversos tratados internacionales ratificados por España. Celaá insistió en que el Gobierno de Murcia dispone de un mes para "restaurar la legalidad" y retirar el "veto parental". Declaró que para ella es "una sorpresa que la dirección del PP siga de manera automática y acrítica el discurso de Vox", añadiendo que "no parece que este sea el caso de Ciudadanos". También desde el Gobierno de la nación, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha pedido al líder del PP, Pablo Casado, que "no se deje arrastrar por la ultra derecha" y no "arremeta" contra la educación pública.
Vox, que llevaba en su programa electoral el "pin parental" y que, además de en Murcia, lo quiere implantar en Madrid y Andalucía a cambio de apoyar sus presupuestos autonómicos, también presentó ayer una iniciativa en las Cortes Valencianas para que la autorización sea instaurada allí. El PSOE, por su parte, presentó en el Parlamento valenciano una proposición no de ley (PNL) en la que se rechaza el "pin parental" y se insta al Gobierno de España a reforzar el cumplimiento de los planes de igualdad, protocolos LGTBI+ y formación en derechos e igualdad en los centros educativos.
El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha referido al debate sobre si los hijos "pertenecen" a los padres o no y ha manifestado que "es evidente que (los hijos) no son de los padres", aunque ha matizado que "tampoco son del Estado, ni del PSOE, ni de Podemos".
Desde Ciudadanos, el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, dijo que la "polémica" es "ficticia" y creada por PSOE y Vox para "polarizar" el debate político y se cuestionó qué pasaría si se pone en marcha y "una familia de islamistas radicales" quieren sacar a sus hijos de determinadas enseñanzas.
En Andalucía, el consejero de Educación, Javier Imbroda, se ha mostrado contrario a aplicar el "pin parental" porque la norma ya "da cobijo" a que los padres puedan decidir. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido "sosiego" y ha manifestado que él no contribuirá a "politizar la educación". Su compañero de partido y presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha rechazado la posibilidad de aplicarlo en esa comunidad. Las nueve comunidades autónomas gobernadas por el PSOE -Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Navarra y Valencia- han suscrito un texto contra el veto parental bajo el título "Educar en libertad y para la libertad".
El Sindicato de Estudiantes también se ha movilizado en contra del "pin parental". La organización "Save the Children" recordó que el Tribunal Supremo no reconoce el derecho a la objeción de conciencia sobre contenidos educativos.
