El Principado trabaja a marchas forzadas para tratar de dar respuesta al nuevo escenario del estado de alarma ante el coronavirus. Las primeras medidas, obligadas en materia de gestión sanitaria, dieron paso a decisiones sobre la mayor maquinaria de la región en materia de personal, con más de 36.000 empleos directos y varios miles indirectos. La tercera fase de este proceso comenzó a trascender ayer, mediante iniciativas con repercusión directa sobre el conjunto de la ciudadanía, tales como la limitación de la atención al público en toda la Administración autonómica o el aplazamiento del cobro de recibos como el de la viñeta o servicios básicos como el agua, basura o alcantarillado por el cierre del Ente Público de Servicios Tributarios. En la otra cara de la moneda, arreciaron las críticas del personal de las residencias públicas para mayores (ERA), que denuncian la falta de medidas de protección y protocolos que garanticen la salud del colectivo más vulnerable al coronavirus, los pensionistas. "Si no cambian las cosas, esto puede ser una hecatombe", advirtieron ayer trabajadores.

La Administración autonómica no echa el cierre pero sí restringirá al máximo los contactos entre su personal administrativo y los ciudadanos donde sea posible. Las resoluciones emitidas ayer por todas las Consejerías determinan los servicios esenciales, que son en su mayoría de carácter interno y alcanzan a la gestión de personal de cada departamento, tanto presencial como a distancia, y a la gestión presupuestaria para asegurar, por ejemplo, el pago de las nóminas. Pero todos los departamentos han incluido la siguiente medida en su "libro de ruta" para las próximas semanas: "Se limitará el acceso de profesionales y ciudadanos en servicios administrativos, salvo trámites imprescindibles o inaplazables". En la misma línea, el Principado destaca la posibilidad de realizar los trámites y consultas bien por vía telemática o telefónica.

El ERA, epicentro del descontento. El conocimiento de las normas y criterios sobre servicios esenciales y mínimos ejerció ayer de bálsamo en buena parte de la plantilla del Principado tras el caos vivido en la jornada del domingo, cuando no se conocían los criterios de asistencia. Excepto en uno de los colectivos con mayor responsabilidad ante esta crisis sanitaria por estar al cuidado de uno de los grupos más vulnerables al coronavirus, los mayores. El malestar reinaba ayer en la plantilla de los Establecimientos Residenciales de Ancianos (ERA), en el que trabajan 1.600 personas. Los motivos de descontento son múltiples pero con un denominador común: la salud tanto de los mayores internos en las 26 residencias públicas de la región como de la plantilla. Este colectivo no tendrá servicios mínimos, según la resolución adoptada por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, y tampoco puede acogerse a los casos que la Administración autoriza la no asistencia (cuidado de hijos o dependientes en su familia o empleados con patologías graves). Una de las quejas más repetidas tanto en trabajadores como en los sindicatos de USIPA, CSIF y la CSI fue la falta de equipos de protección. "No nos han facilitado los equipos de protección, ni tan siquiera mascarillas de protección. Solo las tienen en los dos centros donde ha habido ya casos positivos, Grado y el Cristo", denunciaban ayer. Además, también alertan del peligro potencial que entraña mantener la rotación de los fisioterapeutas y los podólogos por diferentes residencias de la región. "Se quiere mantener la dinámica habitual, sin tener en cuenta que estamos ante un riesgo de contagio muy elevado", añaden. "Por ejemplo, obligan a los animadores socioculturales a reunir a los mayores como si no pasara nada, cuando precisamente la concentración de personas es una de las prácticas a evitar ante el coronavirus", señalan los delegados sindicales. "Vivimos en una situación de caos", sostenía la Corriente Sindical en un comunicado muy duro contra los responsables públicos.

El pago de recibos puede esperar. El Ente de Servicios Tributarios comunicó ayer el cierre temporal de sus oficinas por el estado de alarma, La suspensión de los plazos administrativos recogida en el real decreto para afrontar la crisis sanitaria del coronavirus permite prorrogar los plazos de todos aquellos impuestos o recibos que tuvieran su vencimiento próximo, como es el caso de la campaña del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (viñeta), o los cobros de las tasas de agua, basura y alcantarillado municipales, que muchos ayuntamientos de región tienen encargados al Principado. El Ente Tributario hizo ayer "un llamamiento a la tranquilidad de la ciudadanía ante cualquier trámite pendiente".

Los servicios de limpieza y seguridad, esenciales. La resolución del Principado también define como servicios esenciales la limpieza y el mantenimiento en las dependencias donde aún hay atención directa al público, como es el caso del Registro General, en los bajos del EASMU (Oviedo) y en los servicios de Atención al Ciudadano. La presencia y labor del personal de limpieza es continua.

Cita previa en Atención Ciudadanos. Las normas dictadas por la Administración autonómica para las próximas semanas establecen la necesidad de la cita previa para acudir a los servicios de Atención al Ciudadano existentes en Oviedo, Gijón y Avilés, donde estarán abiertos de 9 de la mañana a 2 de la tarde.

Trámites inaplazables. Una de las consejerías con mayor volumen de consultas y atención al público es la de Derechos Sociales y Bienestar, que ha definido la documentación considerada esencial que, por tanto, también se habrá de tramitar, sin demora, en las semanas que se prolongue el estado de alerta. Se trata de las gestiones relacionadas con el abono del salario social público, las prestaciones económicas para dependientes, las pensiones no contributivas, así como las garantías a menores en familias ajenas.

Una de las iniciativas adoptadas ayer por el Gobierno autonómico consistió en el adelanto en 15 días de los pagos del salario social y de las prestaciones económicas destinadas a personas dependientes. La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar pretende blindar así la cobertura económica de los sectores más vulnerables. La directora general de Gestión de Derechos Sociales, Paula Álvarez, sostuvo que esta decisión permitirá que "todas las personas usuarias de estas ayudas dispongan de liquidez suficiente para afrontar esta crisis". Esta medida beneficiará a los más de 21.000 hogares asturianos que perciben el salario social básico para atender sus necesidades y a otras 9.270 personas dependientes. "Con esta medida garantizamos que puedan contar con medios económicos suficientes para estas duras semanas", afirmó Álvarez.