Adelanto sí, adelanto no. La hora a la que aplicar el toque de queda ante el empuje de la tercera ola marca el ritmo de las divisiones políticas. Y lo acelera ante la celebración, hoy, del Consejo Interterritorial de Salud que reunirá a los responsables del Ministerio de Sanidad con los dirigentes autonómicos. Si bien el lunes se apreciaba un cambio en la postura gubernamental para abrir la puerta a ese adelanto, de las 22.00 a las 20.00 horas, ayer el ministro Salvador Illa volvió a la casilla de salida y reiteró que el actual estado de alarma es “suficiente” para “combatir el incremento de casos”. Y defendió esperar los días necesarios para que las restricciones tengan su efecto antes de tomar una decisión.
La mayoría de las comunidades autónomas reclaman una medida que ya aplica Castilla y León, pero que tiene implicaciones políticas, porque está amparada en el decreto del estado de alarma aprobado en el Congreso. La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, señaló que “tiene que haber cierta homogeneidad” y “siempre hay que cumplir con la legalidad vigente”, sobre todo “cuando se trata de derechos fundamentales”.
Después de que el lunes hasta once autonomías apoyaran la iniciativa, ayer el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, anunció que también lo solicitará en el Consejo Interterritorial, y el portavoz del ejecutivo andaluz, Elias Bendondo, defendió que el objetivo para frenar la tercera ola es adelantar el toque de queda y poder confinar a los ciudadanos en sus casas. No todos los gobiernos populares escogen esta opción. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue rotunda: “Para arruinar más a la hostelería en España, conmigo que no cuenten”.
