La reforma laboral tiene a los grupos de investigación de Asturias molestos y preocupados. La eliminación, sin contemplar una figura alternativa, del contrato de obra y servicio ha encendido todas las alarmas en los laboratorios de la Universidad de Oviedo. La única salida que se les ha dado a los equipos para fichar personal científico-técnico es hacerlo antes del 30 de este mes, gracias a una prórroga de la ley anterior, y solo durante seis meses. Esto significa, critican, que “formamos profesionales para en medio año echarlos a la calle”. Lo que pasará después de esa medida temporal, es una incógnita. “Dijeron que la nueva ley de Ciencia incluiría una figura análoga, pero de momento nada sabemos. Está todo en el aire”, advierten investigadores de la institución académica asturiana. La situación es tan crítica que hasta se están viendo con problemas para cubrir los contratos de seis meses. “Para tan poco tiempo, no te vienen”, aseguran. Lo cual podría poner en peligro los proyectos de investigación, afirman: “Para sacarlos adelante, necesitamos manos”.
Ya la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) avisó en enero que la reforma laboral iba a tener “impactos negativos” en el ámbito de la investigación. Porque se eliminaba un tipo de contrato, el de obra y servicio, muy frecuente en los laboratorios, que iba a poner en serias dificultades a “más de 25.000 científicos de toda España”. Sobre ello, el Rectorado de Ignacio Villaverde hace varias puntualizaciones. La primera, que “los contratos predoctorales, posdoctorales y de investigadores distinguidos siguen el sistema de contratación de la ley de Ciencia y no están afectados por la reforma laboral” y, en consecuencia, no se les despedirá a los seis meses. En esta situación sí que está, en cambio, el personal de los servicios científico-técnicos. La Universidad de Oviedo entiende, no obstante, que “antes de los seis meses estará aprobada la reforma de la ley de Ciencia para permitir que este personal sea contratado de forma indefinida”, siendo la medida actual “transitoria”.
Estos buenos pronósticos no calman a los líderes de laboratorio, que, tras casi tres meses de trámites administrativos, han iniciado, no sin dificultades, los procesos de contratación. Fernando de Las Heras, catedrático del Área de Teoría de la Señal y Telecomunicaciones e investigador responsable del grupo del mismo nombre, asegura que “del entorno no hay nadie interesado” en trabajar únicamente medio año. “Yo percibo que mucho del dinero que nos han dado para personal dentro de la convocatoria ‘Grupines’ (de ayuda del Principado a los equipos de investigación) no se gastará”, comenta. De ahí que hayan solicitado a la Ficyt modificar las reglas para poder transferir dinero de la partida de personal a otras, como por ejemplo la de infraestructuras. De lo contrario, se correrá el riesgo de “perder el dinero”, advierte. Todo ello, añade De Las Heras, “compromete alcanzar los objetivos marcados”: “Nos abre una zanja”.
Acentúa un viejo problema
Rosa María Sainz, que está al frente del Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias (IUOPA) y codirige el grupo Biología Redox, sostiene que la reforma laboral “acentúa un problema gordísimo en la contratación de personal que ya veníamos arrastrando desde hace tiempo”. Lo que cambia ahora es que el despido “en vez de producirse a los tres años, tiene lugar a los seis meses”. “Esto es un jarro de agua fría para quienes se están especializando. Supongo que acabará habiendo otra modalidad de contrato, pero a día de hoy la única solución que tenemos es contratar por seis meses. En la ley de Ciencia no aparece ninguna figura que resuelva el problema”, expone. Ayer mismo el IUOPA firmó tres contratos para cuatro plazas –una de ellas quedó desierta– y el número de solicitantes fue muy bajo. “Normalmente, para una plaza de licenciado tenemos diez aspirantes. En esta ocasión, fueron uno y, en el mejor de los casos, tres. Para seis meses no te vienen y mucho menos si están fuera de Asturias”, lamenta. La consecuencia directa de esto es que “tenemos que sacar adelante los proyectos de investigación y para ello necesitamos manos”.
Salvador Ordóñez, catedrático del departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente, y líder del grupo de Catálisis, Reactores y Control, lamenta que la reforma laboral no tuviese en cuenta a la universidad española, con la eliminación del contrato de obra y servicio. “Se supone que la ley de Ciencia incluiría una figura análoga, pero lo que recoge el texto son contratos muy cerrados que no resuelven el problema”, señala. Por ahora, está el “truco” de los seis meses, pero, ¿y después? “Está todo en el aire, estamos a la expectativa”, confiesa Ordóñez, que pone el acento en que la fórmula de los seis meses supone “dejar en la calle” a investigadores y, a su vez, “dejar el trabajo sin hacer” por falta de personal.
Cristina Rodríguez, catedrática del departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación, y miembro del grupo Simumecamat, alerta también que, en el escenario actual, con contratos solo de medio año, “formamos a profesionales durante seis meses para que luego se queden en la calle” e iniciar otro proceso de selección desde cero. “Todos estamos en contra de los contratos precarios, pero necesitamos una solución”, indica. Precisamente, ayer su grupo firmó tres contratos, dos de ellos asociados a la convocatoria “Grupines”: “Serían para dos años, pero solo podemos hacerlos por seis meses”.
Javier Cuevas, catedrático del departamento de Física e integrantes del grupo de Física de Altas Energías, dice “no estar muy insatisfecho”. La contratación por seis meses confía en que sea “un paréntesis” y que después salgan “contratos de verdad de investigación”. Cuevas es optimista: “Siendo un problema nacional, entiendo que se dará solución a todo. El problema actual es que, transcurridos esos seis meses, se mandarán científicos a la calle”. “Lo ideal sería tener el dinero suficiente para hacer contratos indefinidos, pero la realidad no es esa. Tengo confianza plena en los servicios de investigación de la Universidad y en que solucionarán el problema”, agrega.
Fernando Briz, catedrático de Ingeniería Eléctrica, Electrónica de computadores y Sistemas, y responsable del grupo de Accionamientos Eléctricos y Convertidores de Potencia, asegura que al menos en su caso el Rectorado de Ignacio Villaverde ha resuelto el “primer riesgo”: no perder el presupuesto asociado a personal de la convocatoria de “Grupines”. “Habilitaron un mecanismo por el cual se incorporan las figuras de la ley de Ciencia”, explica. “Ahora –añade– queda adaptar la herramienta informática, pero hay que aplaudir lo rápido que se ha movido la Universidad para resolverlo”.
Proyectos con empresas
Por desgracia, continúa Briz, hay más frentes abiertos, que pondrían poner en serio peligro a su grupo de investigación. El principal escollo afecta a la Fundación Universidad de Oviedo (FUO), que gestiona los proyectos con empresas. “Ahora mismo no podemos contratar; la Universidad tiene que definir el marco legal y nos han dicho que es un tema complejo”, detalla. El grupo de Accionamientos Eléctricos y Convertidores de Potencia maneja mucho dinero a través de la FUO, del orden de 300.000 euros para contratar personal, y, de no solucionarse el problema, “en dos o tres meses” las consecuencias serán “desastrosas”. “No podríamos sobrevivir más”, advierte.
Otro problema aún por resolver es que el plazo mínimo de los contratos en formación es de un año, o lo que es lo mismo, de 22.000 euros, lo que obliga, dice el profesor de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, a tener proyectos de 22.000 euros o superiores. “No vale tener dos proyectos de 15.000 euros cada uno. Por tanto, la Universidad tiene que habilitar un mecanismo para que podamos juntar todos nuestros recursos y contratar con cargo a ese fondo común, en vez de a un proyecto”, señala. Como consecuencia de toda esta “incertidumbre”, del grupo de investigación se han ido en el último mes dos científicos extranjeros y encontrar sustitutos le cuesta a Briz y a su equipo mucho sudor. “Tenemos que pelear mucho para que la gente se quede, porque la mayoría se van a las empresas. Nos sobra dinero y nos falta personal”, remata.
