El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de diez meses de prisión a un inspector a cargo de la unidad de protección para maltratadas de la Comisaría de Almería por amenazar a una mujer a la que protegía con enviar informes desfavorables para su divorcio si no le entregaba dinero. El inspector jefe de Policía Enrique de Miguel Alonso llegó a pedir 18.000 euros aduciendo que los necesitaba para pagar una deuda que tenía pendiente en Galicia. La mujer ya había prestado dinero al hombre en alguna ocasión. Cuando ella vendió el piso en el que vivía, el agente le reclamó 18.000 euros. Si se negaba, el policía testificaría contra ella en el proceso de divorcio y ella «perdería a sus hijos».
