"Sólo le cuestionan 30 pleitos de 800 que llevó en cinco años. Tan mal no lo hizo", justificó ayer Marcelino Tamargo, el letrado de la abogada avilesina acusada de quedarse con dinero de 39 clientes y de la sociedad que tenía con otro compañero. Ana María R. F. se enfrenta a penas que van desde los diez años que le pide la Fiscalía hasta los diecisiete de una de las acusaciones, la que ejerce su antiguo compañero de despacho.

Ayer, Tamargo hizo un pormenorizado repaso de cada caso que se le atribuye. A la mayor parte de los reclamantes les imputó un interés por sacar dinero a río revuelto, y acusó al antiguo compañero de la acusada de incitar a los clientes contra ella. En muchos casos, dijo, las gestiones que se atribuyen a Ana María R. F. fueron en realidad realizadas por su antiguo socio, Miguel Ángel B. S., "que debería estar sentado de esta parte", entre los acusados.

Tamargo negó una de las tesis de la acusación, que la abogada dejó de ingresar en la cuenta de la sociedad del despacho unos 46.000 euros. "Se trataba de clientes suyos, en el bufete no había exclusividad", indicó.

También intervino el letrado de Catalana Occidente, Jordi Calsamiglia, uno de los asesores del Barça. Calsamiglia negó que el seguro del despacho cubriese la responsabilidad individual de cada uno de los profesionales, y cargó contra la pretensión de la Fiscalía de conceder 20.000 euros por daños morales a cada uno de los reclamantes. Y es que le parecía excesivo conceder tanto dinero a personas que han podido sufrir un disgusto o contrariedad, pero no han demostrado una secuela real. Pidió por tanto "ser rigurosos" a la hora de establecer la pieza de responsabilidad civil. El juicio finaliza el jueves con los alegatos de la defensa de la sociedad, a cargo de Diana González, y Caser, la aseguradora del Colegio de Abogados de Oviedo, que lleva Javier Leiva.