Los estafadores siguen haciendo su agosto con el coronavirus, o al menos intentándolo. Ahora se están dedicando a llamar a las residencias de ancianos para anunciarles una inspección por parte de Sanidad o de la misma Organización Mundial de la Salud (OMS) y exigir el pago de dinero para obtener un supuesto certificado o hacer acopio de material homologado. La voz sudamericana de los interlocutores ha hecho sospechar a los responsables de los centros, de forma que ninguno, que se sepa, ha caído en la trampa tendida por los estafadores.

Al parecer están llamando a numerosos centros -por ejemplo las residencias geriátricas del ERA de Sotrondio, en San Martín del Rey Aurelio, o Cudillero-, por lo que el Servicio de Inspección de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar se ha puesto en contacto con todas las residencias de Asturias, tanto públicas como privadas, así como con las asociaciones del sector, para alertar sobre esta tentativa de estafa, que se está registrando también en otras comunidad autónomas, como Cantabria.

Los estafadores utilizan diferentes fórmulas para intentar que los responsables de las residencias accedan a tramitar pagos. Algunos centros han recibido llamadas de personas que se hacen pasar por inspectores de Sanidad, anuncian una visita al centro y exigen un pago por emitir un supuesto certificado. En otras residencias, los equipos de dirección han informado de que se han puesto en contacto con ellos personas que se hacen pasar por técnicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y reclaman un pago con la excusa de hacer acopio de material homologado.

La Consejería alerta de que todas estas llamadas son una estafa y esconden actitudes fraudulentas. Ya en el mes de julio se registraron casos similares, que también fueron detectados por el Servicio de Inspección y sobre los que se informó a los centros.

"Aunque somos conscientes de que hasta la fecha ninguna de las residencias ha llevado a cabo ningún pago vinculado a estos intentos de estafa, nuestra obligación es velar por la seguridad del sistema y así lo estamos haciendo", explicó la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez. A su juicio, es fundamental que los centros comuniquen al Principado cualquier anomalía de este tipo "con el fin de tomar las medidas oportunas y ajustadas a cada caso".