La Audiencia Nacional acaba de ratificar, en contra del criterio de la Fiscalía, la reducción de condena de una exmiembro de la banda terrorista ETA que se encontraba cumpliendo condena en la cárcel de Asturias, de la que ya ha salido en tercer grado permitiendo su acercamiento al País Vasco. La magistrada de vigilancia penitenciaria había justificado su decisión de reducir en 45 días la pena a la reclusa, Idoia Martínez García, “Alba”, basándose en dos informes en los que se demostraba “la especial laboriosidad demostrada en el desarrollo de la actividad voluntaria y el cambio que había operado en relación con los delitos que ejecutó y el daño que le hizo a las víctimas”.
La exmiembro de ETA llevaba tiempo trabajando como auxiliar de limpieza en el área de talleres penitenciarios. Un trabajo por el que cobraba una remuneración de 150 euros mensuales. Además de estas tareas Vigilancia Penitenciaria aseguró en un informe que la reclusa dedicaba “al menos dos horas más al día no remuneradas a diversas tareas de limpieza”. A su buena actitud laboral el tribunal sumó el escrito que envió la interna al juzgado “desvinculándose de la banda terrorista ETA y apostando en el País Vasco por vías exclusivamente políticas y democráticas y lamentando el dolor causado”.
El fiscal encargado del caso recurrió en su día la decisión judicial porque consideró que “no se justificaban de manera precisa, concisa y detallada de dónde salía la habitual cifra de 45 días de redención que, en el presente caso, parece notoriamente desproporcionada”. Además, el representante del Ministerio Público aseguró que en este caso no existe una auténtica petición “individualizada” de perdón. Algo que la Audiencia Nacional, encargada de resolver el conflicto entre Fiscalía y juzgado, considera “una valoración subjetiva”.
Idoia Martínez García llegó al centro penitenciario de Asturias en 2019 procedente de A Lama (Galicia) y como parte de la política de acercamiento de presos etarras supuestamente arrepentidos. Había ingresado en prisión en 2003 con una condena de 30 años por depósito de armas, tenencia de explosivos y robo. No tenía delitos de sangre a sus espaldas puesto que, aunque fue condenada a otros 28 años de reclusión por el asesinato en 1994 del teniente del Ejército Miguel Peralta Utrera, la Audiencia Nacional la absolvió en 2015.
En la sentencia de la Audiencia que reduce su condena por su trabajo en la cárcel de Asturias se tiene muy en cuenta que ocupó su puesto de limpiadora desde agosto de 2019, el mismo año en el que llegó al centro penitenciario asturiano.
