Los menores de la violación grupal de Burjassot, en Valencia, podrán seguir libres hasta el juicio

La fiscal solicita las máximas penas que permite la ley para los cuatro menores acusados de violar a dos niñas de 12 años en una casa abandonada del centro de Burjassot, en Valencia, hechos ocurridos en la tarde-noche del 16 de mayo de 2022, tal como adelantó entonces en exclusiva Levante-EMV, del grupo Prensa Ibérica. Así, para tres de ellos, que tenían 15 y 16 años cuando cometieron presuntamente los hechos, pide cinco años en un centro de régimen cerrado y cuatro más de libertad vigilada cuando concluyan la primera medida, y para el único que tenía más de 16 años (tenía 17, en ese momento), solicita seis años de internamiento en régimen cerrado y tres de libertad vigilada, lo que suma una pena global de 21 años de internamiento y 15 de libertad vigilada, tal como avanzó ayer, miércoles, este diario.

Además, la representante del Ministerio Público propone que, la libertad vigilada se vea complementada con una "medida de educación sexual y educación para la igualdad, como contempla la Ley del Menor, y que cuando cese el internamiento entre en vigor la orden de alejamiento por la que se les prohíbe aproximarse a menos de 300 metros de las niñas y comunicarse con ellas por cualquier medio durante dos años.

Hay un quinto implicado en la violación grupal a una de las niñas, pero no puede ser castigado penalmente porque es inimputable, ya que en ese momento tenía menos de 14 años, la edad mínima para responder por un delito en España. Ese menor tenía en aquel momento la misma edad que sus víctimas.

Las acusaciones y las defensas

La solicitud provisional de penas de la Fiscalía de Menores, que llega más de un año y medio después de que se produjeran los hechos y con todos los implicados en situación de libertad porque así lo decidió la jueza tras su detención, se ha conocido este miércoles y es la primera de todas las partes personadas en la causa. Pese a la gravedad de las penas que solicita la acusación pública, los cuatro investigados podrán permanecer en libertad hasta que se celebre el juicio.

Ahora, deberán entregar sus calificaciones provisionales tanto las acusaciones particulares que ejercen, por una parte, los penalistas Juan Carlos Navarro e Isabel Carricondo en nombre la de madre de la menor que sufrió la agresión sexual grupal en la que participaron tres menores de edad, y por otra el letrado Juan Molpeceres, en representación de los padres de la niña que fue objeto de una agresión sexual individual, como las defensas de los acusados, que se aferrarán al argumento de que las relaciones sexuales fueron consentidas, como han venido haciendo hasta ahora.

Tal como publicó este diario al día siguiente de producirse los hechos, las menores acudieron a una cita con unos adolescentes en Burjassot. Tras dar un paseo por el pueblo, las condujeron al sótano de una casa abandonada en pleno casco urbano del citado municipio de l'Horta Nord. Lo que empezó como un primer contacto sexual consentido -fundamentalmente, besos-, acabó convirtiéndose en sendas violaciones individuales, a pesar de que las dos niñas les dijeron a sus agresores, de 17 y 16 años, que no querían seguir y que "se sentían incómodas". Pero ellos, según recoge la fiscal, hicieron caso omiso a sus negativas y protestas y consumaron sendas agresiones sexuales completas.

Rodeada y aterrorizada

Los dos presuntos violadores, cesaron "tras escuchar ruidos en el exterior" y, según el relato de la fiscal, tras vestirse los cuatro, salieron de la casa. Allí se encontraron con tres amigos de los dos primeros: uno de 16 años, otro de 15 y un tercero menor de 14 años y, por tanto, inimputable.

Los dos primeros presuntos agresores acabaron yéndose, pero los otros tres hicieron entrar a las niñas de nuevo en la casa, momento en que empezaron a rodear a una de las niñas hasta llevarla de nuevo al sótano. La otra, aterrorizada al ver lo que le empezaban a hacer a su amiga, se escondió, grabó apenas unos segundos de la escena y terminó por irse de la casa.

Ya en el metro, cuando regresaba a su domicilio, contó a través de Instagram lo que estaba sucediendo a una tercera amiga, cuya madre fue quien alertó a la Policía Local de Burjassot. Sin embargo, los agentes no pudieron encontrar la casa porque la menor fue incapaz de situar el lugar, ya que no lo conocía antes de ese día.

Entre tanto, los tres últimos menores en llegar presuntamente consumaron la agresión grupal a la niña que seguía retenida en el sótano, a quien fueron violando cada uno de ellos por turnos mientras los otros dos la sujetaban de manos y piernas y le tapaban la boca para ahogar su llanto y sus gritos.

Dos días después, la Policía Nacional iniciaba las primeras detenciones, que fueron sucediéndose como un goteo a lo largo de las semanas siguientes.

El repentino olvido de los PIN

La instrucción se ha dilatado en el tiempo, entre otras cosas, por la falta de colaboración de los acusados, cuya amnesia con las claves de acceso a sus móviles -dijeron haber olvidado el PIN en el mismo momento de las detenciones-, dificultó a la Policía el acceso al contenido de los terminales en busca de las imágenes y vídeos de esas agresiones sexuales.

Esa circunstancia, tal como ha venido publicando este periódico, hizo que las niñas tardasen más de un año en poder dar su versión, como manda la ley, en una cámara Gesell y siendo psicólogas quienes realizan las preguntas que proponen las partes para evitar al máximo la revictimización que sufren las víctimas de agresiones sexuales.

La denuncia contra la cofundadora de Vox

Esa dilación en el tiempo ha llevado, además, a que las niñas no hayan podido recibir atención psicológica en todo ese tiempo por mandato de la jueza, tal como ha informado este diario, alegando que podía distorsionar los recuerdos de las víctimas. Ese hecho les ha impedido empezar el proceso de reconstrucción emocional, social y psicológico, por lo que, al menos una de ellas, sufre graves secuelas como consecuencia de aquella agresión, entre las que se cuentan autolesiones, insomnio crónico ("no duerme hasta que se hace de día», especifica la fiscal), cambio de domicilio y colegio, abandono del cuidado y la higiene personales y problemas para comunicarse y relacionarse con otras personas.

A esa situación contribuyó de manera directa la difusión por parte de una de las fundadoras de Vox, la ultra Cristina Seguí, de un vídeo robado de un directo de Instagram de las víctimas en una sucesión de 'tuits' en las que se las identificaba y vilipendiaba, negando la existencia misma de las agresiones sexuales o la edad de las niñas. La difusión de esos 'tuits' fueron denunciados por la Fiscalía de Odio de València, por la asociación de consumidores Facua y por la familia de una de las niñas, y actualmente sigue su propio curso procesal en otro juzgado.