La decisión de Alcoa de cerrar la planta avilesina, con la consiguiente catastrófica pérdida de cientos de empleos directos y miles indirectos, es la clásica deslocalización de libro que si se legislara adecuadamente debería calificarse de fraudulenta con la consiguiente exigencia de responsabilidades y acciones punitivas: multinacional extranjera que adquiere del estado en favorables condiciones una empresa, obtiene multimillonarias ayudas y beneficios y después deja de invertir para aducir pérdidas o baja rentabilidad e irse a un país subdesarrollado (Arabia Saudí) donde pueda realizar impunemente dumping social y producir a bajo coste para obtener más ganancias aún y seguir vendiendo aquí el producto (Aluminio).
Pero fruto del poder político que toma decisiones cortoplacistas obedeciendo más a intereses personales y partidistas que al interés general y de los ciudadanos ahora, de momento, habrá que esperar una solución de quienes propiciaron o no atajaron por acción u omisión el problema. La buena noticia es que por la presión y la lucha social y los intereses electoralistas afortunadamente estoy absolutamente convencido de que este episodio va a acabar bien, tiene que acabar bien. Quizá una expropiación, renacionalización, venta a un adecuado comprador, etcétera. Pero esperemos que la multinacional no se vaya de rositas y que el roto no lo paguemos con más dinero público del bolsillo de los ciudadanos. Otro tema a solucionar es el elevado precio de la energía eléctrica en España, un oligopolio controlado por un pequeño lobby de empresas y que las puertas giratorias de los políticos sirven para consolidar su poder y mantener su negocio. Pero no nos engañemos: esto sería un parche, pan para hoy y hambre para mañana, las deslocalizaciones van a seguir sucediéndose.
El problema es estructural y hay que solucionarlo yendo a la raíz y por las élites de máximo poder político y organismos supranacionales (G8, UE, FMI, OCDE, etcétera) pasando de una plutocracia a una democracia auténtica donde el capitalismo sea controlado en un grado tal que rija una economía de libre mercado pero no de libre explotación usura, especulación y depredación como ocurrió con la reciente crisis financiera. A saber:
Una economía globalizada exige con premura también la regulación de una fiscalidad globalizada con la implementación de una carga impositiva sobre el conjunto de las transacciones financieras internacionales-tasa Tobin-; una carga fiscal sobre los beneficios de las multinacionales con escasas posibilidades de aplicación de la ingeniería fiscal y de reducciones del impuesto de sociedades; y un régimen de infracciones, en su caso, punitivo y sancionador, que obligue al reintegro de las ayudas y subvenciones y al abono de recargos a empresas que se deslocalicen dentro de un determinado plazo desde su implantación.
Asimismo, instituir una normativa laboral supranacional y común aplicable y de eficacia general a todos los operadores jurídicos del mercado global que acabe o, al menos, minimice el dumping social y fije unas condiciones laborales justas y dignas y unos derechos laborales mínimos y legislación marco y básica que impida que se destroce el mercado y la competencia desleal. Igualmente ligadas deberían establecerse códigos éticos, de buenas prácticas y conducta. El dumping social ha de regularse universalmente como un tipo de delito económico consistente en la competencia desleal basada en la explotación y bajos salarios de los trabajadores, para conseguir rebajar los costes laborales de producción y así poder ofrecer unos precios más competitivos en el mercado para aumentar sus beneficios.
Paralelamente al proceso de globalización cada territorio ha de impulsar y favorecer contextos y procesos de desarrollo local, basados en la implementación, el estímulo y el fortalecimiento de las ya existentes estrategias relacionales productivas, tecnológicas y de intercambio y de sus redes incardinadas en los entornos territoriales clústers regionales, distritos industriales... como técnica de garantía de generación y mantenimiento del empleo digno y de calidad porque las economías desarrolladas y de progreso democrático no deben orientarse a competir en costes laborales sino en formación, especialización, valor añadido, tecnología de vanguardia, la inversión masiva en I+D+I, calidad y diferenciación del producto, etc.
Además ha de fomentarse el diálogo social y la negociación colectiva sectorial que refuerce y garantice la autonomía colectiva en las relaciones sociolaborales del mercado global y la paridad de fuerzas de la parte débil la trabajadora que promueva la unión y la protección y defensa de sus intereses.
Por último, si la única salida que queda es el procedimiento de despido colectivo, han de potenciarse los contenidos del plan social con la participación decisiva y vinculante de los trabajadores en el proceso negociador de dicho plan, con la incorporación de auténticos compromisos de recolocación de los trabajadores afectados, acompañados a su vez por una serie de compromisos e incentivos fijados por las Administraciones competentes.
La misma solución y por los mismos poderes debería adoptarse para la evasión de capitales, fiscal y paraísos fiscales: también se sabe, y si no se puede conocer fácilmente, quiénes lo practican, cómo y dónde, sólo hace falta poseer el auténtico propósito de controlar y, en su caso, acabar con estas prácticas.
