En un contexto generalizado de precio de los alquileres de vivienda al alza, el Gobierno ha previsto una serie de medidas tendentes a conseguir que ese gasto mensual se haga menos difícil. En concreto, se establece un máximo de un 2% de subida en las revisiones de contratos de arrendamientos hasta final de año y se ha obligado a prorrogar aquellos contratos que expiraban antes del 30 de junio, por otros seis meses y siempre que el inquilino así lo pidiera, con la excepción de que el propietario precisara del inmueble como alojamiento propio, de sus familiares o de su cónyuge.