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Los ayuntamientos, incluidos los del PSOE, rechazan el reglamento y reconocen que genera malestar

La regidora de El Franco, Cecilia Pérez, sola en la defensa de la norma del Gobierno l «Aunque no es la única solución, es la primera», dice

 
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Oviedo, R. L. M.

La mayoría de los alcaldes ribereños de Asturias, muchos de ellos del mismo color político que los responsables de Medio Ambiente, no comulga con la nueva normativa de pesca. No les gusta.

La veda de las críticas la abrió el alcalde de Soto del Barco presentando su dimisión ante el Consejo de Pesca como representante de la Federación Asturiana de Concejos (FACC). Al socialista Menéndez Corrales no le gustó la norma y se fue. A las pocas horas, el presidente de la FACC, Juan Fernández Pereiro, le mostraba su apoyo y solicitaba que se anulase la normativa y se buscase otra «consensuada».

Desde el Occidente hasta el Oriente, la mayoría de regidores con ríos salmoneros en sus concejos critica la normativa, en el fondo y en la forma. La excepción, la postura de la alcaldesa de El Franco, Cecilia Pérez, que asegura que «aunque hay que tomar más medidas para preservar el salmón, ésta es la primera; hay que reconocer que había demasiadas cañas», matiza la regidora franquina (PSOE). El alcalde de Vegadeo, Juan Antolín Rato, también socialista, asegura que «han sido muchos los pescadores que se han dirigido a mí para protestar por la normativa; cuando menos ha creado malestar», dice el regidor veigueño. El alcalde de Cangas del Narcea, José Manuel Martínez (no adscrito), se posiciona del lado de los pescadores. «La normativa ha creado un descontento generalizado, aquí tenemos grandes asociaciones de pescadores y están molestas».

Desde las riberas orientales, José Manuel Fernández (PP), alcalde de Peñamellera Baja, se muestra «muy decepcionado con la normativa». Para Fernández, «estos ríos deberían gestionarse desde Turismo y creemos que el salmón es uno de los apoyos de nuestro filón turístico; ahora la factura la pagan los pescadores». En Cangas de Onís, Alfredo García (PSOE) asegura que «muchos alcaldes trabajamos muy duro para salvar a los ribereños de esta norma y mira con lo que nos hemos encontrado; si hubiera habido buena voluntad, no tendríamos esta norma». Su colega de Parres, el también socialista Manuel Millán García, remata asegurando que «no se puede imponer una norma tan estricta, así, de repente».

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