Si no estuviéramos viviendo la actual crisis económica y no conociéramos algunas de sus causas, el informe económico elaborado por la Caixa en el que se hace referencia a la normativa sobre implantación de empresas comerciales en distintas comunidades autónomas españolas (LA NUEVA ESPAÑA del 7 de diciembre) habría pasado posiblemente desapercibido, pero en pleno proceso de adaptación de la normativa sobre comercio minorista a la directiva de servicios, resulta obligado hacer algunas apreciaciones a las conclusiones de este estudio, que no aporta nada nuevo a la doctrina de sus superiores, el Banco de España.
1. La directiva de servicios se aprueba en noviembre de 2006, cuando todavía la política neoliberal de «no regulemos la economía que el mercado lo hará por nosotros» era principio indiscutible entre economistas y políticos. La realidad de la situación actual nos ha demostrado que con una regulación adecuada del sector financiero, con más control por parte de los gobiernos sobre la economía y sus actores, hoy no estaríamos pasando tantas dificultades. Por tanto, dudo mucho que en la situación económica actual esta directiva hubiera salido adelante. Lo lamentable es que instituciones como el Banco de España o la Caixa sigan defendiendo que el mercado se regula por sí mismo, aunque se curan en salud y lo defiende para el comercio minorista y no para ellos mismos. Eso es la ley de embudo, aquí, en Bruselas y en Sebastopol.
2. La novedad que aporta esta directiva comunitaria es que sitúa el debate del comercio minorista en el ámbito del territorio y de su ordenación, sacándolo del puramente económico. La discusión hoy no es si vamos a poner condiciones de un tipo u otro para que las empresas comerciales se instalen en nuestro territorio, sino qué tipo de ciudad, qué tipo de vida ciudadana queremos para nosotros y los que nos sucedan. La norma comunitaria permite que sean las condiciones de defensa de un modelo urbano de ciudad, las relacionadas con el medio ambiente y el patrimonio histórico las que determinen dónde se ubicarán estas empresas y no dice nada, ni menciona siquiera, la regulación de horarios o rebajas, que ahora el Banco de España defiende «liberalizar» con tan escasos fundamentos, como defiende que se permita vender a los bancos lo mismo que a los comercios. Un sinsentido.
El comercio urbano, las tiendas de nuestras calles han adquirido, con esta normativa, una importancia que muchas personas conocíamos y que pocos textos legales recogían: son cooperadores necesarios para crear y mantener la vida de las ciudades y los modelos de ciudad compacta; son cooperadores necesarios para lograr la sostenibilidad de las ciudades, evitando los desplazamientos hacia la periferia en busca de un oferta comercial concentrada en grandes empresas y que ya existe en nuestras calles, cerca, al lado de nuestra casa, sin gastar en combustible ni atascar las carreteras; son cooperadores necesarios para que la inversión pública no tenga que ir a proporcionar accesos a las grandes empresas que se instalan en la periferia, restándolos de otras inversiones más importantes para todos nosotros y nuestra calidad de vida. En definitiva, hemos pasado de ser considerados los «hermanos pequeños» de la distribución comercial a ser los que colaboramos con nuestra ciudad para que sea más humana y habitable.
3. Todos los informes económicos que siguen empeñados en la falsa libertad del mercado sin reglas utilizan tres términos y una única perspectiva: eficiencia, empleo e inflación, y su perspectiva es la económica. Sus conclusiones son sencillas: las normas que no permiten que las grandes empresas de distribución se coloquen donde quieran provocarán un caos de ineficiencia económica, destrucción de empleo y alta inflación. Pero si le damos la vuelta al razonamiento nos encontramos con otras realidades. Eficiencia se define por la Real Academia de la Lengua como la capacidad para disponer de algo para conseguir un efecto determinado. Si el efecto es exclusivamente la rentabilidad económica de unas pocas empresas, ellos tienen razón; si el efecto es mayor calidad de vida de muchas personas, ellos no la tienen.
Disponemos de un territorio que son nuestras ciudades y pretendemos lograr que éstas sean el escenario adecuado para una vida feliz de sus habitantes, para ello tenemos que dotarlas de servicios a su servicio, públicos y privados, cercanos y accesibles, de calidad y que no agoten los recursos económicos de los municipios para poder seguir invirtiendo en más servicios y de mayor calidad. ¿Sería una buena ciudad para vivir aquella que nos obligase a trasladarnos a un hospital a 30 kilómetros para una urgencia? Me parece que no, entonces ¿será una buena ciudad aquella que nos obligue a hacer el mismo recorrido para comprar? Sigo pensando que prefiero una ciudad donde me encuentre las tiendas cuando paseo y convivo con mis vecinos y no cuando tengo que ir a buscarlas gastando tiempo y combustible. Por tanto, defendamos que los comercios sigan en nuestras calles, que crezcan en nuestras ciudades y no fuera de ellas.
Respecto a la creación de empleo, asunto sensible por excelencia en estos momentos de crisis, hay que tener en cuenta que siendo urgente crear puestos de trabajo, es muy importante que éstos sean de calidad: bien remunerados, con horarios lógicos que permitan conciliar la vida personal y familiar con la laboral y además estables. No pensemos a corto plazo únicamente. Lo que no cuentan ni contabilizan son los empleos que sus agresivas políticas comerciales destruyen, en el comercio urbano y en los proveedores. Un solo dato en este asunto: el convenio colectivo de comercio del Principado de Asturias (aplicable al pequeño comercio) ha incorporado las medidas que la ley de Igualdad y de Violencia de Género regula a favor de las mujeres. Comparemos y decidamos, con datos, dónde se trabaja mejor.
Y por último está la inflación. Suben los precios cuando hay menor competencia y si dejamos que haya plena libertad para abrir todo tipo de comercios habrá más competencia y bajarán los precios y la inflación. Parece un razonamiento adecuado, pero para que lo sea hay que contabilizar lo que se destruye, las empresas de comercio que desaparecen cuando no hay normas ni límites, los proveedores que no pueden aguantar las condiciones de los grandes distribuidores. ¿Hay más competencia entre 16 grandes empresas de distribución, las que forman parte de la asociación española de grandes superficies comerciales, o entre miles de comercios que tenemos en nuestras calles?
Cuando la distribución comercial se concentra en pocas manos se reduce la competencia, se igualan los precios, se presiona a los fabricantes para que produzcan de una determinada forma, se eliminan las marcas propias, con lo que ello supone de puestos de trabajo e innovación en los fabricantes, y se condiciona al consumidor a comprar lo que ellos, esos pocos, quieren vender, porque desaparece la variedad en la oferta. Esto ya está ocurriendo con algunos productos de alimentación, ahora quieren aprovechar el cambio en la legislación para que también pueda ocurrir cuando vayamos a comprar ropa, calzado, electrodomésticos... Esto no es libertad.
Conclusión: defender que existan normas que limiten la aparición de nuevas grandes superficies basadas en la defensa de la ciudad compacta, de la ciudad sostenible y de la calidad de vida de las personas son no sólo compatibles con la norma europea, sino una obligación para los gobiernos que pongan al ciudadano por delante de la economía, a la economía al servicio del ser humano.
Si esto se hubiera hecho en la banca, otro mundo viviríamos hoy, no dejemos que la trampa neoliberal iguale liberalismo económico con libertad.
