Oviedo, Juan A. ARDURA

Oviedo, Madrid,

E. P. /J. A. A.

La decisión del Gobierno central de recortar el sueldo a los funcionarios para paliar el déficit público pondrá coto a la tendencia alcista de la factura del personal público, que no ha dejado de crecer en la administración del Principado durante la última década. La factura de los costes de personal del Principado, tanto de las consejerías como de sus organismos y entes públicos se ha disparado desde 2001. La asunción de transferencias con personal altamente cualificado, como la sanidad, y la decisión de crear cientos de jefaturas y puestos de responsabilidad y el pago de la carrera profesional están, según fuentes sindicales de la función pública, detrás del incremento del gasto en una plantilla integrada por casi 35.800 trabajadores.

El coste medio por trabajador de la administración regional ha crecido un 45 por ciento desde 2001, prácticamente el doble que la inflación de ese período, que se situó en el 19 por ciento. El incremento del coste por empleado aún ha sido mayor, del 53%, en el personal adscrito a los organismos y entes públicos, entre los que se encuentra el Servicio de Salud del Principado (SESPA). La administración del Principado destinó en 2001 un total de 463,2 millones de euros para pagar a 16.565 efectivos, lo que arrojaba un coste medio por trabajador de 27.966 euros; en los presupuestos de este ejercicio figura una plantilla de 19.290 empleados con un coste medio por persona de 40.576 euros, casi 13.000 euros que diez años atrás.

La evolución de los gastos en las plantillas de los organismos y entes públicos regionales también ha cotizado al alza, pero aún en unos porcentajes mayores. En el año 2003, primero en el que computa el personal procedente de las transferencias sanitarias, la administración asturiana destinó 505 millones para pagar a 14.581 empleados, lo que supuso un desembolso por persona de 34.653 euros, una cifra que ha crecido desde entonces en un 53 por ciento para situarse en este ejercicio en 53.271 euros per cápita, que suponen un desembolso total de 878,9 millones para una plantilla total de 16.491 trabajadores.

El recorte del 5 por ciento de media en los sueldos de los funcionarios, anunciado por Zapatero, también ha puesto de relieve la gran disparidad de salarios existentes en la administraciones públicas. Por ejemplo, un jefe de servicio, del nivel 28, licenciado, cobra un salario bruto de, al menos, 4.014 euros, más del triple de lo que percibe un subalterno (nivel 11) que gana 1.231 euros brutos al mes. «En la administración hay muchos mileuristas, en realidad más de la mitad de la nómina del Principado está integrada por subalternos, auxiliares administrativos y administrativos, cuyos sueldos están muy lejos de lo que cobran los jefes», manifestó José Luis González, integrante de la Junta de Personal funcionario del Principado. El sueldo mensual bruto de un auxiliar administrativo (nivel 13) se sitúa entorno los 1.385 euros, cifra que puede variar en función de los trienios de antigüedad, mientras que el salario bruto de un administrativo (nivel 15) es de unos 1.605 euros. Las diferencias salariales también son grandes dentro del cuerpo superior, integrado por los funcionarios que son licenciados. Así, mientras un jefe de servicio pasa de los 4.000 euros mensuales brutos, un empleado público con la misma titulación se queda en 2.368 euros brutos al mes. Estas diferencias explican la gran litigiosidad en la administración por lo que algunos sindicatos consideran «uso indiscriminado» de los nombramientos de libre designación.

Los funcionarios y los sindicatos de la función pública confiesan su «hartazgo» de que el Gobierno les apunte como responsables de la crisis. «Todas las medidas aplicadas hasta ahora, como reducir la reposición del personal vacante, la congelación salarial y ahora el recorte medio del 5 por ciento, tienen como objetivo prioritario a los funcionarios», coinciden dirigentes sindicales de UGT, USIPA y CSIF. El descontento de los funcionarios ha debido llegar hasta el Gobierno central, que ayer mismo lanzó un mensaje en su defensa, a través del ministro de Fomento, José Blanco. «El Gobierno no pretende demonizarlos porque son trabajadores que contribuyen con este esfuerzo a la mejora de la economía del país» manifestó Blanco, quien dió un dato más para tranquilizar al colectivo de empleados públicos, que ronda los 2,5 millones en todo el país y los 60.000 trabajadores en Asturias.

Blanco reveló que un funcionario con un sueldo de 1.500 euros mensuales «verá recortado su salario en 30 euros mensuales: a partir de ahí y en función de lo que ganen van a ir aportando un poco más».

El dato ofrecido por el ministro de Fomento, que matizó que «el que más sufre es el que no tiene empleo» aclara, aunque sea levemente, las muchas dudas que tienen tanto los sindicatos como la administración regional o los ayuntamientos sobre el impacto que tendrá el recorte salarial en las nóminas de los trabajadores públicos.

Las consejerías de Administraciones Públicas y de Economía están a la espera de las normas y cambios legales que aprobará el Consejo de Ministros esta semana para aplicar las correspondientes rebajas en las nóminas de los casi 35.800 trabajadores del Principado.

También los ayuntamientos de la región aguardan a conocer los detalles del recorte que seguramente tendrá efecto en la nómina que reciban los trabajadores en julio ya que las del mes de junio están en fase de elaboración y no habrá tiempo para introducir cambios.