Oviedo, E. LAGAR
El presidente Javier Fernández ha tocado retreta para avisar a sus consejeros de que es la hora de recogerse y hacer en el plazo más breve posible los recortes necesarios en las empresas, entes y fundaciones públicas que dependan de cada uno de sus departamentos. El ajuste del sector público regional se ha convertido en una prioridad para el jefe del Ejecutivo asturiano, que pretende tener cerrado este asunto a lo largo del mes de septiembre, probablemente a partir de la segunda quincena, al objeto de llevar al Parlamento regional una ley «ómnibus» que abarque todas las reformas en un sector con más de sesenta sociedades, alrededor de dos mil empleos y que mueve 450 millones de euros al año, según las últimas cifras.
Que no haya titubeos. Los consejeros ya lo saben. Los socialistas no quieren dejar hueco a las críticas de la oposición popular, que ya ha empezado a morder por ahí. Uno de los últimos argumentos reutilizados por la líder del PP, Mercedes Fernández, es la necesidad urgente que, a su juicio, tiene la Administración asturiana de desprenderse de la «grasa» de un sector público que califica de «mastodóntico». Además, ya desde el Gobierno de Areces, los populares repiten el apelativo de «chiringuitos» para todos aquellos entes donde, según denuncian, se da una proliferación de empleados «a dedo» y de altos cargos.
El presidente Fernández quiere que todos sus consejeros, sin excepción, se pongan manos a la obra, sin excusas ni dudas, al objeto de diseñar en el plazo marcado un ajuste que permita simplificar las estructuras existentes, haciéndolas más operativas y marcándose como límite mantener la calidad del servicio.
Algunos de los efectos de este ajuste del sector público ya han trascendido, como la posible venta de las acciones en HOASA, sociedad propietaria del hotel de la Reconquista de Oviedo, que tiene 88 trabajadores. El Principado posee el 45,17% de la sociedad, Cajastur el 38,86% y la Sociedad Regional de Promoción (SRP) el 5,78%. La venta de la constructora Sedes, con 99 empleados, es otro de los objetivos. El anterior Gobierno, encabezado por Francisco Álvarez-Cascos, ya había proyectado la venta, pero ni llegó a poner en marcha el proceso de privatización.
En el recorte del sector público regional también está anunciada la explotación privada o la venta del GITPA, el Gestor de Infraestructuras Públicas de Telecomunicación, con ocho empleados. Del mismo modo se va a revisar el objeto social de la Sociedad de Servicios del Principado (Serpa), que según los datos del último presupuesto, tenía 35 empleados indefinidos. Su objeto social actual es de lo más variado: «Realización de actividades de consultoría, construcción y prestación de servicios en el ámbito medioambiental, turístico, docente, cultural y deportivo, así como labores de promoción y comercialización relacionadas con el desarrollo rural, la acuicultura y la pesca». Aunque aún no está decidido, esta sociedad es una de las candidatas a desaparecer.
Entre las entidades de mayor envergadura cuya reestructuración acometerá este verano el Gobierno está el Instituto de Desarrollo Económico del Principado (Idepa), que tenía, según los últimos presupuestos un número máximo de 40 empleados indefinidos. El Idepa depende de la Consejería de Economía y Empleo y recibe de ella transferencias por valor de 36,4 millones. El ajuste en el Idepa no iría orientado tanto a eliminar empleo como a mejorar la organización de la promoción empresarial de la región.
Otro de los asuntos claves de este recorte del sector público regional será, sin duda, el de la radio y televisión públicas, tras el intento de asfixia económica ejecutado por el Gobierno de Cascos. La financiación del ente recibirá un tajo muy importante y, hasta el momento, la cifra que se baraja es que las transferencias del Principado se quedarán en 18 millones de euros frente a los casi 30 millones de euros que recibía del Presupuesto regional con el presidente Areces.
