Madrid / Oviedo,

Agencias / P. GALLEGO

Las comunidades que se acojan al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) tendrán doce años de plazo -un período de diez años más otros dos «de gracia»- para devolver al Estado el dinero de los rescates autonómicos. Lo anunció ayer el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso, en la que aclaró que acudir al fondo de rescate no equivale a una «intervención» de las comunidades en cuestión.

Beteta compareció en la Cámara baja pocas horas antes de que Andalucía solicitase formalmente al Gobierno acogerse al fondo de liquidez. Fue su consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, la que confirmó que la Junta de Andalucía ya ha solicitado formalmente el rescate y cerrado un acuerdo sobre el techo de endeudamiento de la comunidad para 2013. Una vez el Ministerio acepte la solicitud de ayuda, el Gobierno la avalará.

El rescate de Andalucía, según apuntó su Consejera, sumará 4.906 millones de euros, si bien Hacienda ha fijado una cantidad inicial para cada comunidad autónoma que, en el caso andaluz, asciende a 2.115 millones. El techo de déficit, apostilló Aguayo, será «entre el 15,1 y el 15,3 por ciento». Con la confirmación de Andalucía ya son seis las comunidades que pedirán el rescate, y entre ella suman ya 16.620 millones de ayuda, 1.380 millones menos que el total destinado en principio a este fondo, 18.000 millones.

Además del plazo de devolución, Beteta dio algunas pistas sobre las condiciones asociadas al rescate autonómico. El tipo de interés dependerá, en cada caso, de la financiación del Estado en esa fecha «más treinta puntos básicos», explicó. El responsable de Administraciones Públicas sí precisó que el interés estará «por debajo del 6 por ciento», tipo al que se financió el Plan de Pago a Proveedores.

Acogerse al FLA, aseguró Beteta, «no conlleva medidas adicionales de ajuste, sino el cumplimiento estricto de los planes ya pactados, y una mayor transparencia en las cuentas». «El único objetivo», recalcó, «es que las comunidades autónomas tengan liquidez», ya que no pueden financiarse por sí solas en los mercados, apostilló.

Asturias, de hecho, es una de las comunidades que aspira a no tener que recurrir al FLA. El Principado precisa un crédito de 423 millones para realizar los pagos correspondientes a este ejercicio. El Gobierno regional sabe que de esta cantidad sólo podrá pedir al fondo de liquidez un máximo de 261,7 millones. Conocidos ya el plazo de devolución de las ayudas -un máximo de doce años-, y algunas pistas sobre el tipo de interés, queda por saber el modelo de amortización.

El Gobierno del socialista Javier Fernández tendrá que elegir entre dos posibilidades: lograr la totalidad del crédito a través de los bancos -proceso en el que, según las fuentes consultadas ayer, «no hay novedades»-, o combinar una petición al fondo de liquidez por el importe máximo -un 61 por ciento de la cantidad que precisa-, y obtener los 161 millones restantes de las entidades financieras.

La dificultad para lograr que sean los bancos -y no el Estado- quienes aporten los millones necesarios ha hecho que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haya prometido a los presidentes autonómicos populares que mediará con los bancos para evitar que las entidades financieras planteen «condiciones inasumibles» por las comunidades autónomas para refinanciar sus vencimientos de deuda. Esta promesa se produjo en la cena que Rajoy mantuvo con sus presidentes antes de la Conferencia del pasado martes, y tras conocer que algunas entidades financieras han puesto como condición para refinanciar un vencimiento que se modifiquen y actualicen las condiciones de toda la deuda que tienen contraídas con ellas varias comunidades.

En pleno debate por el rescate a las comunidades autónomas y por el reparto de los objetivos de déficit para los próximos ejercicios, el secretario de Estado anunció ayer que convocará nuevamente a los responsables de Hacienda de cada comunidad para que aporten «información adicional» sobre el grado de ejecución de sus planes económico-financieros. España, afirmó Beteta en el Congreso, quiere dar un mensaje «claro y rotundo» de que va a cumplir sus compromisos.

El secretario de Estado avanzó además, sin citar a ninguna región en concreto, que habrá reuniones específicas para buscar medidas adicionales en las comunidades «con mayor riesgo de incumplimiento». «Para este Gobierno incumplir es algo absolutamente inconcebible, sea cual sea la dificultad», sentenció.

Tras la discusión en la Conferencia de Presidentes por el modelo de financiación autonómica, Beteta confirmó que el año próximo se reunirá, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el «grupo de trabajo» que elaborará el nuevo sistema. El secretario de Estado se comprometió a evitar que las comunidades tengan en este asunto «trajes a medida» sin contar con el resto, y a que los euros «se puedan seguir desde que salen del bolsillo del ciudadano hasta que llegan de nuevo a él a través de los servicios públicos».