Oviedo, J. A. ARDURA
Las familias que hayan sufrido un desahucio hipotecario tendrán prioridad para acceder a una vivienda pública del Principado. El parlamento asturiano aprobó ayer por unanimidad que el Gobierno regional modifique sus criterios de adjudicación de pisos para incorporar la situación de desahucio entre las causas de emergencia social que dan puntos para obtener un piso promovido por la administración.
Esta iniciativa formaba parte de una proposición no de ley que defendió la diputada de IU Marta Pulgar. La coalición pretendía promover diversos programas de ayuda e impulsar medidas legales en beneficio de las familias que no han podido atender sus obligaciones hipotecarias y han sido objeto de desahucio. Pulgar, que fue gerente de la empresa pública Vipasa (Viviendas del Principado Asturias), reclamó el apoyo de la administración para familias que «por causas ajenas a su voluntad ven truncadas sus trayectorias vitales y se ven abocadas a a situaciones de desestructuración, miedo, impotencia y angustia».
La parlamentaria de IU aseguró que los cambios legislativos de los gobiernos centrales del PSOE y del PP «han mermado los derechos de los inquilinos» contribuyendo a una «mercantilización de la vivienda» que desde 2008 ha desembocado en el aumento de los desahucios, cerca de 100.000 en todo el país en el primer semestre de este año. La diputada socialista Nuria Devesa reconoció la necesidad de dar respuestas a familias que «firmaron créditos en una situación económica que dista mucho de la actual» mientras que Ignacio Prendes (UPyD) consideró «razonable» incorporar a las familias que sufren desahucios al listado de causas de emergencia social para el acceso a viviendas públicas. La portavoz de Foro, Cristina Coto, calificó de «insuficientes» las medidas en materia hipotecaria promovidas por el gobierno de Mariano Rajoy en los últimos meses. Al final, la proposición de la coalición se votó por puntos y sólo prosperó, eso sí con el apoyo de los 42 diputados presentes, la petición al Gobierno regional para que introduzca entre los criterios de adjudicación de viviendas públicas la situación de desahucio hipotecario. La coalición se quedó sola en la votación del punto que incluía la dación en pago, donde se pedía que las familias puedan condonar su deuda con la entrega del piso hipotecado. Por otra parte, el parlamento también aprobó reformar la ley regional de Hacienda.
Al término del pleno, el grupo popular llamó la atención sobre la debilidad del gobierno regional que perdió varias votaciones, un extremo que ya destacó Foro tras el debate sobre el estado de la región. El PP apuntó que las «continuas diferencias» que mantienen IU y UPyD, «los dispares socios de los socialistas» generan dudas sobre la aprobación de los presupuestos regionales para 2013, que se negociarán en las próximas semanas.
