Oviedo / Madrid,

P. GALLEGO / Agencias

«Ellos ahora se quieren poner la medalla, pero no es de ellos, es nuestra». Lo dice una de las activistas de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas en Asturias, al constatar cómo en la negociación de una moratoria en los desahucios y de una posible modificación de la actual ley Hipotecaria el PP y el PSOE están dejando fuera a las personas implicadas y a los representantes de los movimientos asociativos. También a cualquier grupo parlamentario ajeno a las dos fuerzas políticas mayoritarias en la Cámara baja. «Si se abre una reforma legislativa, será imprescindible contar con la participación de los afectados», afirma el profesor de Derecho Constitucional Miguel Presno.

A la reunión que mañana tendrán los representantes del PP y del PSOE, los socialistas acudirán con una propuesta que busca que «nadie se quede sin casa», en palabras de su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba. A pesar de ser el PSOE el que propone medidas más cercanas a las recogidas en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la plataforma de afectados, los representantes de esta asociación critican con dureza que sólo sea ahora cuando los partidos se acuerdan de los desahucios, crecientes desde 2008, en «años en los que el PSOE gobernaba», aseveran.

Una de las iniciativas de los socialistas es que los desahucios se traten igual que las quiebras de las empresas, mediante una reforma de la legislación hipotecaria que permita a las familias con dificultades acudir a procesos concursales negociados con los bancos para evitar la pérdida de la vivienda. La paralización de los desahucios afectaría sólo a la primera vivienda, y en casos de dificultad económica sobrevenida, como la pérdida del empleo.

Si el viernes eran las diputadas socialistas María Luisa Carcedo y Leire Iglesias las que solicitaban a los bancos «una moratoria» en los desahucios, ayer fue la popular Carmen Maniega la que pidió «tranquilidad» a las familias. «El Gobierno viene desde hace tiempo trabajando en este tema, y en la última semana ha pisado a fondo para lograr una solución», asegura. Un cambio legislativo que, según la diputada, podría incluir la posibilidad de ampliar los plazos o combinar la dación en pago con un «alquiler social».

El parlamentario de IU Gaspar Llamazares se muestra mucho más escéptico. Máxime cuando «hasta ahora, tanto el Congreso de los Diputados como la Junta General han rechazado cualquier propuesta en este sentido», afirma. «Hasta ahora las medidas se han asociado más a la estabilidad de la banca que a la humanidad de los afectados; los bancos están haciendo presión, y los gobiernos son sensibles a esa presión», añade, «es necesaria una moratoria inmediata y un plan de emergencia para proteger a las familias que más están sufriendo».

A la petición de los jueces decanos se sumó ayer la asociación Jueces para la Democracia, que pidió al Gobierno una reforma del sistema hipotecario que ponga fin a los «cientos de miles de dramas sociales», con una moratoria para las familias que no cuentan con recursos para afrontar sus pagos.