Oviedo, L. Á. VEGA

Ninguno de los recursos y demandas presentados ayer en el decanato de los Juzgados de Oviedo incorporó la autoliquidación de las nuevas tasas en la primera jornada en que se exigía su pago, tras la polémica reforma aprobada por el ministro Gallardón, que ha sido duramente contestada por todos los estamentos judiciales. Una vez repartidos estos asuntos a los juzgados correspondientes, serán los secretarios judiciales de estos órganos los que requieran a quienes presentaron estos escritos para que subsanen el error en el plazo de diez días, según indicó uno de ellos, José Luis Santos Hevia, del Juzgado contencioso número 1 de Oviedo.

Los escritos fueron variados, aunque buena parte de ellos eran reclamaciones por multas de tráfico. Estos recursos deberían haberse presentado con el correspondiente impreso de autoliquidación (que puede bajarse desde ayer de la página de Hacienda). En el caso de las multas, tendrían que haberse pagado 200 euros para reclamar cantidades que en algunos casos no superan los 100 euros.

El hecho de que no se hubiese elaborado el impreso explica que se retrasase la aplicación de las tasas, ya aprobadas el pasado 20 de noviembre. Entre los abogados había cierto temor a que se cobrasen las tasas de forma retroactiva por los escritos presentados a partir de la fecha de la aprobación, aunque fuentes del Gobierno indicaron que no se reclamará ese dinero. De facto, lo que ha habido entre el 20 de noviembre y el día de ayer es un vacío legal, puesto que las anteriores tasas estaban derogadas y las actuales no podían entrar en vigor.

El secretario judicial José Luis Santos se mostró tajante respecto a las obligaciones de estos profesionales. «Si llega un escrito que no incorpora las tasas, se le requiere al que lo presenta para que subsane el error en el plazo de diez días. En caso de que no se pague, la ley dice con toda rotundidad que no pueden aceptarse los escritos», aseguró.

Santos dijo desconocer si entre los secretarios se va a producir algún tipo de insumisión, como la propuesta por el magistrado Carlos Antonio Vegas, titular del Juzgado de lo social número 1 de Benidorm (Alicante). «Yo puedo hablar por mí. No voy a ser insumiso. Mi función es cumplir la ley», indicó.

El Sindicato de Secretarios Judiciales (Sisej), que se ha mostrado contrario a unas tasas «injustas y de dudosa constitucionalidad», ha puesto a disposición de todos los secretarios un modelo de decreto que, de modo inmediato y ante la presentación de una demanda que no acompañe el justificante de pago de la tasa judicial, traslade la misma ante el juez a los efectos de plantear directamente la cuestión de constitucionalidad. El sindicato anima a los secretarios a que usen de forma masiva el modelo de resolución y que planteen «cuantas iniciativas y propuestas legales contribuyan a luchar contra los efectos de la aplicación de la ley de tasas».

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, afirmó ayer que «algunas» de las nuevas tasas judiciales son «excesivas» y «deben considerarse», porque podrían «dificultar el acceso a la justicia». Torres-Dulce se mostró partidario de algunas tasas como vía propia de financiación de la justicia. Y resaltó una sentencia del Constitucional que estipula que la finalidad recaudatoria de las tasas no debe resultar «ni excesiva ni desproporcionada» ni «impedir el acceso a la jurisdicción». Y se mostró convencido de que habrá bastantes cuestiones de inconstitucionalidad.