Las dietas de los diputados autonómicos empezaron a estar en el ojo del huracán a finales del pasado año, cuando los sindicatos de la función pública denunciaron que no pagaban impuestos por más de un tercio de sus ingresos anuales, «todo un privilegio». Era la respuesta de los empleados públicos a los recortes que acabaron llevándose por delante su paga extra de diciembre.

La discusión entre políticos y funcionarios alcanzó su punto álgido en diciembre, durante la discusión del Presupuesto regional de 2013 cuando varios sindicatos, sobre todo CSIF, reprocharon a los políticos que aplicaban «la ley del embudo» en materia de recortes y que éstos eran mucho mayores para los empleados públicos que para los grupos políticos de la Junta. Algún diputado llegó a negar, en sede parlamentaria, que cobraran dietas y la reacción sindical no se hizo esperar. Colectivos de funcionarios, como el Conceyu por Otra Función Pública, y casi todos los sindicatos diseccionaron como nunca antes las nóminas de los parlamentarios asturianos con un argumento coincidente: «Les pagan por desplazarse al trabajo, algo insólito».

En aquel contexto el PP fue el único partido que propuso enmiendas para rebajar las asignaciones a los grupos y a los diputados, con el mensaje «tenemos que ganar menos», lanzado por su portavoz, Mercedes Fernández, tachada de oportunista y demagógica por el resto del arco parlamentario. Tanto fue el cántaro a la fuente que el portavoz socialista, Fernando Lastra, admitió semanas después que si el problema era el sueldo de los diputados habría que tomar medidas a partir de marzo cuando se liquidase el Presupuesto de 2012. A primeros de año, al presidente de la Junta, Pedro Sanjurjo, le llamaron la atención unos pagos de locomoción. La polémica del kilometraje estaba a punto de estallar, con Alfonso Román López en el epicentro y el PSOE pidiendo explicaciones y denunciando que el diputado popular cobra desplazamientos desde Tapia «cuando todo el mundo sabe que reside en Oviedo». Los populares respondieron con la petición de dimisión de Sanjurjo al que acusaron de filtrar datos, incluso después de que el letrado mayor rechazara, informe de por medio, la existencia de filtración alguna.

El sistema de retribución del Parlamento asturiano ya estaba «en crisis», según reconoció incluso el presidente del Consejo Consultivo. También los expertos en derecho financiero y tributario, consultados por LA NUEVA ESPAÑA, catalogaron de «dudoso» un sistema que ahora será revisado por la Agencia Tributaria a instancias de USIPA, que agradece expresamente «las aportaciones y las sugerencias realizadas por el Conceyu por Otra Función Pública» y justifica la denuncia ante Hacienda en vez de ir al Juzgado «porque estamos hartos de ganar sentencias y pleitos judiciales en el Principado y de que nos den largas para cumplirlas».