El ministerio público rechaza que el ex alcalde de Cudillero, Francisco González, cometiese cohecho o apropiación indebida en el caso de los cobros ilegales de la Policía Local. No obstante, pide su suspensión de cargo público cuatro años por cobrar un dinero a los hosteleros no previsto en las ordenanzas. Para la fiscalía, el diputado regional socialista, clave en el juego de equilibrios del actual Parlamento asturiano, sólo cometió un delito de exacciones ilegales, «casi una cuestión administrativa», según manifestó el letrado defensor de González, Javier Núñez. El fiscal pide además una multa de 14.400 euros. Según la defensa, esta suspensión no afecta a su condición de diputado. Sólo se refiere al cargo que ostentaba cuando se cometieron los supuestos delitos. Es decir, alcalde de Cudillero. Sin embargo, las acusaciones señalan que perdería también la condición de diputado. La FSA eludió pronunciarse sobre el asunto, al estimar que «no es el momento procesal oportuno». Los socialistas habían anunciado «acciones contundentes» contra González, aunque sólo en el caso de que fuese imputado por un delito de cohecho.

En cualquier caso, González ve un poco más despejado su futuro judicial con esta acusación, que firma el fiscal Alejandro Cabaleiro. El fiscal señala en su escrito que Francisco González, «entre los años 2003 y 2008, aun siendo consciente de que no se estaban respetando las normas reguladoras», condicionó la instalación de los chiringuitos en el puerto de Cudillero «a que dichas personas entregasen una cantidad económica en la tesorería del Ayuntamiento».

Añade que la ex concejala Verena Prendes «participó en el modo de actuar del alcalde durante los años 2007 y 2008, llegando a enviar a los propietarios de los chiringuitos un recordatorio para que realizasen el ingreso». Para la ex edil, el fiscal pide una multa inferior, 3.600 euros, y también la suspensión por cuatro años.

Las cantidades, hasta el año 2007, eran entregadas a los auxiliares de la Policía Local que los viernes y sábados desarrollaban la vigilancia. La entrega era efectuada por el entonces jefe de la Policía Local, quien, tras recoger lo recaudado en la Tesorería, se lo hacía llegar a los auxiliares en metálico en función de las horas trabajadas y sin que se hiciese constar en nómina, por lo que no se realizaba ninguna retención. En el año 2008 el dinero se entregó a los miembros de la Policía Local por nómina, dada la negativa del nuevo jefe de la Policía Local, el sargento Prudencio Iván Flórez, a efectuar el pago fuera de las formas legalmente previstas.

El fiscal es taxativo a la hora de indicar que «no existe indicio alguno de que González o Prendes hubiesen solicitado o admitido dádiva, presente u ofrecimiento alguno para sí mismos». Se trata de una cuestión clave, ya que «es especialmente destacable el hecho de que ningún testigo haya ni tan siquiera insinuado que alguna de dichas personas hubiese pedido dinero para sí mismos». El escrito de acusación añade que, «del estudio de la documental aportada, no existe indicio alguno de que los mismos se hubiesen quedado con algo de los caudales que, en efectivo, ingresaban los instaladores de los chiringuitos». Todo lo contrario: «Todos los indicios existentes se alzan en la dirección inversa, pues lo que todo el mundo ha declarado es que dichas cantidades se quedaban en la caja de tesorería hasta que el jefe de la Policía Local distribuía lo recaudado». Por tanto, «no existe indicio alguno de que hubiese existido distracción de caudales públicos en los hechos investigados».

Una vez presentado el escrito de acusación del fiscal, corresponde a Francisco González la presentación de su escrito de defensa, trámite para el que tiene cinco días hábiles. Posteriormente se practicarán nuevas pruebas y se convocará una vista en la sala de lo civil penal del TSJA. Será a continuación cuando el magistrado José Ignacio Pérez Villamil decida si abre juicio oral, que será por jurado.

Será ese el momento en el que la Federación Socialista Asturiana valorará qué decisión toma respecto al futuro de Francisco González, el diputado socialista número 17 que tanto le costó a Javier Fernández conseguir. «El momento procesal oportuno será cuando el juez abra juicio oral», indicaron fuentes de la FSA.