El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, impulsará antes de fin de año una serie de reformas que cambiarán la faz de la administración judicial española. Por un lado, se está preparando una reordenación del mapa organizativo, cuyo pilar será la creación de los llamados tribunales de instancia, que centralizarán la administración de Justicia, haciendo desaparecer las audiencias provinciales y que amenazan, en el caso de Asturias, la existencia de los juzgados situados en la periferia. La reforma penal que medita el Gobierno introducirá grandes novedades como la prisión permanente revisable (en otras palabras, la cadena perpetua), pero también un endurecimiento de las penas. Los cambios en la ley de enjuiciamiento criminal también reportará situaciones inéditas en el ámbito español, al depositar la instrucción de los procesos en el ministerio fiscal. La ley de Enjuiciamiento civil dará nuevas funciones a los procuradores. Y no hay que olvidar la reforma del Consejo del Poder Judicial, que ya ha sido aprobada.

l Tribunales de Instancia. Posiblemente se trata de la ley que cambiará en mayor profundidad la cara de los Juzgados, que se centralizarán en las capitales de provincia. Según la propuesta de la comisión de expertos para la nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial, que el ministro aún no ha hecho suya, aunque se ha mostrado favorable a ella en líneas generales. Los tribunales de instancia, que serán el nuevo tribunal de primer grado, suponen la desaparición de las audiencias provinciales, los juzgados y los partidos judiciales. Constarán de cuatro salas, una por cada orden jurisdiccional (penal, civil, social y mercantil). Dentro de cada sala, habrá «unidades judiciales» y «secciones», según que el conocimiento del asunto se atribuya, de conformidad con la ley procesal correspondiente, a un juez unipersonal o a un colegio de jueces. Habrá otras novedades, como el cambio de denominación de los secretarios judiciales, que pasarán a llamarse Letrados al servicio de la administración de Justicia. Se mantiene la Audiencia Nacional para delitos que sobrepasen el ámbito provincial y nacional, y los tradicionales órganos de segunda instancia, los tribunales superiores de Justicia y el Tribunal Supremo. El proyecto se presenta como un medio de unificar criterios, aprovechar sinergias y optimizar recursos.

«Jueces para la democracia» se ha mostrado en contra del proyecto, que tendrá sus consecuencias, aún por determinar, en Asturias. «Cuando salió el proyecto lo apoyamos porque pensábamos que supondría un aumento de los jueces, pero vemos que no. Los Juzgados se centralizarían en Oviedo, y está por ver qué ocurrirá con sedes como Grado, Luarca, Tineo... Quizá se mantenga abierta una oficina judicial para que se presenten escritos. Para el ciudadano supondrá una molestia, porque tendrá que desplazarse a Oviedo», indicó el magistrado Julio Martínez Zahonero, delegado territorial de «Jueces para la democracia».

Para este juez, destinado en Luarca, «está claro que el actual sistema de partidos judiciales debe reformarse, pero también es verdad que, en Asturias, por la orografía que tiene, no se puede prescindir de los juzgados alejados de la capital».

La puesta en marcha de la nueva estructura, más acorde al modelo de nueva oficina judicial, se prevé paulatina y lenta. Además, se encuentra con un grave problema que particularmente en Oviedo continúa sin ser resuelto, la inexistencia de un edificio judicial que pueda albergar todos los órganos judiciales que se plantean.

l Reforma penal. La reforma penal también tendrá consecuencias, y no sólo por la evidente de que se establezca una prisión perpetua revisable. «Hay un agravamiento de las penas. Las faltas se convierten en delitos, pero en lugar de llevarlos al Juzgado penal, se quedan en los de primera instancia. Infringe de alguna manera la norma europea que establece una separación clara entre la instrucción los juzgados penales», indica Martínez Zahonero. Esta medida frena además la creación de nuevos juzgados penales. «Jueces para la democracia» se muestra totalmente en contra de la prisión permanente. «Es innecesaria, porque en España ya hay condenas a 40 años. Es una reforma puramente populista», señaló Zahonero, que además advirtió de que, con la ley del aborto, se regrese a «tiempos preconstitucionales».