El consejero de Presidencia del Principado, Guillermo Martínez, expresó ayer en Madrid el rechazo del Gobierno asturiano a las iniciativas del Ejecutivo central que eliminarían los partidos judiciales y los juzgados de paz y concentrarían la administración de justicia y sus servicios en las capitales de provincia. El consejero plantó cara además a la reforma de la ley que regula la asistencia jurídica gratuita y reclamó un reparto proporcional con el Ministerio de Justicia de los costes para garantizar este servicio a las personas con menos recursos. Lo hizo durante la conferencia sectorial del ramo, en la que el Ejecutivo central propuso un tope para financiar la asistencia gratuita con el dinero procedente de las tasas judiciales. Guillermo Martínez presentó las quejas del Gobierno regional, junto a los responsables de justicia de Andalucía y Canarias.
Asturias cuenta con 18 partidos judiciales que aboga por mantener para "evitar desigualdades" entre los ciudadanos que no habitan en la capital de la provincia y los que no. El Principado defendió la subsistencia de los juzgados de paz, que se ocupan de las prestaciones judiciales en municipios de menos de 7.000 habitantes y de los que se benefician 227.000 asturianos para no perjudicar a los "ciudadanos de las áreas rurales".
El consejero de Presidencia propuso un "modelo saneado" de la asistencia jurídica gratuita, con un reparto del dinero que se revise anualmente y que "armonice" lo recaudado por tasas judiciales con el número potencial de beneficiarios de la asistencia gratuita.
Martínez rechazó también la reforma de la ley que regula la interrupción del embarazo y alertó del regreso de los "abortos clandestinos", así como de los cambios en el Código Penal que "no favorecen la reinserción de los condenados".
