Conseguir que el envejecimiento y la dispersión de sus habitantes cobren peso a la hora de tomar decisiones, y la solidaridad entre comunidades autónomas son dos de los pilares que maneja el Principado para la próxima negociación de la financiación autonómica, que se reformará durante el año en curso. De momento, Asturias ha conseguido que, frente a las pretensiones de otras regiones, la remodelación siga su curso natural y no se adelante. En 2012, la disparidad en este criterio generó un enfrentamiento entre el presidente regional, Javier Fernández, y el entonces jefe del Ejecutivo andaluz, José Antonio Griñán. Asturias ha aprovechado el tiempo para construir su propio "lobby", visto que la estrategia partidista ha quedado descartada, ante las diferentes aspiraciones de comunidades del mismo signo político. El Principado, junto a Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura, impulsa el llamado "pacto demográfico". Las cinco se reunirán por segunda vez el próximo febrero, en Zaragoza, y, por mediación asturiana, en el encuentro se analizará la reforma del reparto del dinero del Estado entre las autonomías, toda una confirmación de que la constitución del "lobby" es un hecho. No obstante, el Principado, bajo el liderazgo de Javier Fernández y la preparación técnica de la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, tiene su propia hoja de ruta, con la que pretende ganar terreno antes de que arranque la negociación. A continuación, las líneas maestras.
Sin prisa. Asturias nunca ha sentido urgencia por abordar la reforma. Los datos del Ministerio de Hacienda la sitúan en el séptimo lugar en cuanto a financiación per cápita y el objetivo del Gobierno regional es no perder recursos una vez consumado el cambio. El porqué es simple: se trata de garantizar el mantenimiento de la calidad de los servicios públicos y eso tiene un coste que se sostiene con las transferencias del Estado a la autonomía. Este año, el Principado ingresará 2.336 millones, lo que supone una ratio de 2.168 euros por cada habitante. No obstante, la caída de ingresos hace que Asturias retroceda un puesto en relación a 2013, cuando recibió 2.247 euros per cápita.
Igualdad. No sólo el mantenimiento de los servicios públicos figura entre las prioridades del Ejecutivo regional, sino que la igualdad en cuanto a calidad de los mismos, con independencia del lugar de España en el que se resida, es una prioridad para Javier Fernández.
Balanzas fiscales y ordinalidad. Los nacionalistas catalanes han abrazado históricamente las balanzas fiscales para exigir un reparto más generoso con ellos. Asturias rechaza este planteamiento, aunque admite con matices otra de las reclamaciones de Cataluña: el respeto a la llamada ordinalidad. Dice el Estatuto catalán, como reconoció también el Tribunal Constitucional, que el orden en renta neta disponible (una vez restadas las transferencias del Estado) en una hipotética clasificación de comunidades debe ser similar al orden inicial, sin impuestos ni transferencias. Asturias comulga con esto, aunque no con el nuevo planteamiento de ordinalidad que gana adeptos en Cataluña. En este caso piden que la financiación de cada Gobierno autonómico garantice a la región que ocupa en cuanto a capacidad fiscal. Y aquí el Principado muestra un "rechazo frontal", según indican fuentes del Ejecutivo regional.
Regímenes forales. El estatus que disfrutan Navarra y el País Vasco les pone en ventaja frente al resto de comunidades a la hora de manejar su economía. Allí recaudan sus propios impuestos y después lo compensan con una devolución al Estado de acuerdo a los servicios que reciben por parte de la Administración central. El Gobierno asturiano lo considera "un anacronismo", que no discute dado su amparo constitucional, pero considera que no es ampliable a otras comunidades. En varias ocasiones, Javier Fernández ha pedido la revisión de estos regímenes forales.
Las posiciones. A meses vista de la resolución final, las posturas de partida están cada vez más definidas. Cataluña, Valencia y Madrid apuestan por el principio de ordinalidad "viciado". Estos, además de Andalucía, también señalan el cómputo total de habitantes como factor de peso. Al contrario que Asturias y sus compañeros del "lobby" demográfico. El Principado reconoce la población como una "variante fundamental", pero pide entrar en detalles. Y ahí es donde aparece la dispersión y el envejecimiento, dado el coste añadido que supone dispensar un servicio de sanidad pública a ciudadanos desperdigados por el territorio y, además, envejecidos, frente a una población joven y concentrada en una misma área.
Multilateralidad. Esto se lo puede anotar Asturias como un triunfo, tras el compromiso del Gobierno central de situar el debate en el entorno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y con todas las regiones en lugar de diversas negociaciones a dos bandas.
