La incineradora del Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) entrará en funcionamiento, según estima el Principado, en 2020, cinco años después de lo que estaba previsto en el momento en que se empezó a plantear la posibilidad de construir la planta en 2001. Esta demora, fruto de la falta de acuerdo político y de diversos reveses judiciales, supondrá un gasto extra de cinco millones de euros, repartidos entre los más de dos que se utilizaron en su día para estudios previos y diversos trámites de un proceso que fue anulado y los dos y medio que se necesitan ahora para alargar la vida del vertedero de Serín, donde se apilará la basura hasta finales de 2019. La obra, la más relevante de Asturias de los próximos años, costará 202 millones. Las inversiones comenzaron en 2006 con unos estudios encargados a diferentes entidades (entre ellos a la Universidad de Oviedo) por valor de 800.000 euros. Paralelamente, también se llevaron a cabo otras actuaciones por valor de 1,2 millones: entre ellas estuvieron la visitas a otras plantas como la de París, la invitación de expertos para que explicaran el modelo, la tramitación del plan especial supramunicipal para ampliar entonces los terrenos de Cogersa y la contratación de la asistencia técnica de la obra. Aquel proyecto, que se llegó a licitar en abril de 2010 (se admitieron cuatro ofertas de 17 empresas agrupadas en uniones temporales), resultó finalmente fallido cuando un juez, en noviembre de 2011, admitió un recurso de Los Verdes, que alegó que la obra no tenía sustento legal al no contar con un plan de residuos vigente que la contemplase. Ese revés judicial paralizó el proceso e hizo perder también Asturias un crédito de 208,5 millones (a un interés del 3%). La inversión final en un proyecto que no vio la luz fue entonces de casi 2,2 millones, a los que hay que añadir ahora los 2,5 previstos para apilar la basura en Serín,

La ausencia de consenso político y las derrotas judiciales también han impedido a Cogersa utilizar los 140 millones que tiene en caja y que, en estos años de crisis, hubiesen significado una importante inyección para la anquilosada obra pública en Asturias. También para el empleo, pues el documento estima que se crearán 1.090 empleos directos y casi 2.900 indirectos. Por otra parte, IU puso en duda ayer los criterios y las cifras de la incineradora: "Quieren la planta como sea y si no pueden construirla más grande les vale más pequeña", dijo la diputada Emilia Vázquez.