El parlamento asturiano aprobó ayer una propuesta para que la Sindicatura de Cuentas fiscalice varios contratos del caso "Marea", pese a que el PSOE votó en contra. La iniciativa fue presentada por los cuatro grupos parlamentarios de la oposición, que cuestionaron la inacción del ejecutivo regional respecto al dictamen de la comisión de investigación parlamentaria sobre el mayor escándalo de corrupción en la administración del Principado, durante la gestión de Álvarez Areces.

La diputada forista Teresa Alonso consideró necesario un análisis "riguroso y técnico" por parte de la Sindicatura, el órgano encargado de fiscalizar las cuentas de la administración regional y reprochó al ejecutivo socialista que "las recomendaciones de las comisiones de investigación están para llevarse a cabo". La parlamentaria popular Emma Ramos lamentó "la lentitud que raya con la inacción" del gobierno socialista en el cumplimiento de las conclusiones de la comisión parlamentaria sobre la operación "Marea". Noemí Martín, de IU, justificó el voto favorable de su grupo en que ya habían respaldado el dictamen de la citada comisión de investigación mientras que Ignacio Prendes, de UPyD, defendió que "la Sindicatura no puede mirar para otro lado ante el caso de corrupción más grave que ha habido en Asturias en los últimos años". El parlamentario magenta sostuvo que el ejecutivo socialista "se está parapetando en el procedimiento judicial en curso" para no entrar al fondo del asunto.

La réplica corrió por cuenta del portavoz adjunto socialista, José María Pérez, quien reprochó a la oposición que haya tardado casi un año en dar el paso de pedir esta fiscalización a la Sindicatura. "Vienen hoy con esta propuesta porque a ustedes no les interesó que viniera antes y justificó el rechazo de su grupo al dictamen de la comisión parlamentaria "porque se trata de un juicio político basado en los prejuicios de los grupos que lo aprobaron". Por otra parte, la oposición en bloque también censuró el incumplimiento por parte del gobierno regional de 19 resoluciones aprobadas en los últimos meses. Foristas, populares, IU y UPyD se quejaron de que el ejecutivo "tira a la papelera" sus orientaciones. "No se han cumplido porque ustedes lo dicen", matizó Fernando Lastra.