Emisiones de bonos en los mercados de capital para poder acabar una red de AVE a la que solo supera en extensión la china o la creación de una empresa pública para evitar la quiebra definitiva de una decena de autopistas de peaje que se han quedado a años luz de los niveles de tráfico calculados en los pliegos de adjudicación a unas sociedades que estaban controladas por las mismas firmas encargadas de la construcción de las vías. El Ministerio de Fomento se ve obligado a realizar malabarismos financieros para hacer frente a la factura de los tiempos de las vacas gordas. Fue cuando España diseñó la más extensa red de Alta Velocidad de Europa, junto a un entramado de carreteras de pago en el entorno de Madrid que corren paralelas a otras gratuitas y que, además, fueron adjudicadas con unas condiciones en las que parecía que el nivel de circulación iba a crecer hasta el infinito.
Con las arcas exhaustas, Fomento necesita 14.000 millones de euros para concluir las rutas de AVE que están en obras y, también a través del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), precisaría de otros 5.000 millones más para terminar toda la red de Alta Velocidad. Una vez constatado que las empresas dieron la espalda a las fórmulas de colaboración público-privada con las que el departamento que dirige Ana Pastor trató en primera instancia de financiar gran parte las obras públicas en marcha, el Adif decidió buscar inyecciones directas de capital en los mercados internacionales de deuda. El pasado martes se estrenó desde la bolsa de Dublín, una plaza elegida por las ventajas fiscales que ofrece y porque la tramitación allí es más rápida. Y lo hizo con un notable éxito. Logró colocar bonos a diez años por valor de mil millones de euros, con un interés del 3,5%, es decir, medio punto por encima de lo que el Tesoro abona por este plazo de vencimiento. Según el organismo, la demanda alcanzó los dos mil millones de euros.
La emisión, destinada en primera instancia a inversores internacionales y con bonos de 50.000 euros cada uno, tuvo que ser autorizada previamente por los ministerios de Economía y Hacienda. El recurso a los mercados de capital permite al Adif obtener financiación sin acudir a las partidas directas del presupuesto, aunque sea con el aval público del Tesoro y con el cómputo de las emisiones como deuda pública en el protocolo de déficit excesivo. La iniciativa, por lo demás, facilita que Fomento retome inversiones públicas que habían sido canceladas por la crisis de la deuda soberana.
El Adif tiene autorización para llevar a cabo emisiones por otros dos mil millones de euros en lo que resta de año. Aunque las operaciones no están aún cerradas, el Ministerio se ha puesto en contacto con la Comisión Nacional del Mercado de Valores para analizar la posibilidad de que las próximas emisiones de deuda tengan lugar en España. Además de con bonos a diez años, el gestor ferroviario prevé financiar las actuaciones pendientes en el AVE con los recursos adicionales que obtiene de operaciones como la cesión a firmas privadas de sus aparcamientos y de fibra óptica, la subasta de estaciones que ya no tienen uso o el recorte en diversos capítulos de gasto corriente.
Parte del dinero obtenido con la emisión de bonos se destinará a la conclusión del AVE de Asturias, incluyendo la variante de Pajares. Todas los grandes contratos entre Valladolid y León y en los túneles bajo la Cordillera están licitados o adjudicados. La apertura de ambos tramos está prevista para el año que viene.
Para salvar las vías de peaje que han ido a la quiebra, la mayor parte de ellas de la época en la que el hoy líder de Foro era ministro de Fomento, el departamento de Pastor prepara la creación de una empresa pública que se haga cargo de una factura que supera, de largo, los 4.000 millones de euros. El objetivo del Ministerio es que la deuda se convierta en un bono a treinta años, para lograr que, de esa forma, el impacto de las quiebras empresariales no compute como déficit, ya que el pago no se haría de un golpe ni de manera inmediata.
La nueva sociedad que prepara Fomento tendría que hacer frente a esa deuda de unos 4.600 millones de euros, pero se trataría de un "mal menor", a juicio de los expertos, porque dejar caer a las empresas sería aún más costoso. Saldría por más de 5.000 millones, según los cálculos de Seopan, la patronal de las grandes constructoras, debido a la responsabilidad patrimonial sobre las vías del Estado, que, en caso de quiebra, está obligado a asumir las deudas.
Las autopistas que han entrado en concurso de acreedores son las radiales de Madrid, la que une el centro de la capital con la terminal T4 de Barajas, la Madrid Toledo, la Cartagena Vera, la Ocaña La Roda y la circunvalación de Alicante. Todas ellas suman 748 kilómetros de recorrido, lo que supone el 22% de toda la red estatal. En total, acumulan una deuda total que se aproxima a los 5.000 millones.
