Francisco González y Verena Prendes no consiguieron ablandar al jurado que los escuchó durante las cinco jornadas de su juicio en la Audiencia Provincial. A pesar de implorar su inocencia, el veredicto del jurado popular declaró culpables de un delito continuado de exacciones ilegales al exalcalde socialista de Cudillero y exdiputado de la Junta General del Principado y a la exconcejala de Comercio del concejo pixueto. A falta de la decisión de la juez, Francisco González, Quico, se expone previsiblemente una multa de 14.400 euros (20 euros al día durante 24 meses), una pena de cuatro años de suspensión de empleo y ostentación de cargo público, y una responsabilidad civil que asciende a 38.080 euros. Por su parte, Prendes afronta una multa de 3.600 euros (8 euros al día durante 15 meses) y una pena de cuatro años de suspensión de empleo y ostentación de cargo público.
Siete de los nueve miembros del jurado consideraron hechos probados los incluidos en la versión de la Fiscalía, que mantenía que el exalcalde de Cudillero había promovido un acuerdo para que la Policía Local del concejo fuera la encargada de realizar el servicio de vigilancia nocturno en los chiringuitos que se instalaron durante los veranos del 2003 al 2008 en el puerto pixueto. Según el relato de los hechos, Francisco González decidió que los hosteleros pagaran directamente a los agentes a través de la tesorería del ayuntamiento, pero sin que las cantidades figuraran en sus nóminas ni en los libros de cuentas del municipio. El jurado popular explicó que basaron la decisión de declarar culpable al exdiputado del Partido Socialista de Asturias en su propia declaración, "en la que reconoció que si no había vigilancia, no se podían poner los chiringuitos"; y en la declaración de Prudencio Iván Flórez, el sargento de Cudillero que presentó la querella contra los dos expolíticos, y en la que creen que quedó demostrado el pago indebido porque "reconoció que los policías estaban 24 horas de servicio" y se podía haber organizado un turno para cubrir esa necesidad nocturna sin que los hosteleros pagaran por él.
En el caso de Verena Prendes, el jurado popular en su lectura del veredicto señaló que tuvieron en cuenta "la carta que Doña Verena envió a los hosteleros en 2007 reclamándoles los pagos"; y su declaración y la de Prudencio Iván Flórez, en las que se señaló que era una de las asistentes a la reunión que mantuvieron hosteleros y policía en 2007, y por lo tanto era conocedora "de la forma de pago".
Las defensas de ambos condenados pidieron a la magistrada la reducción de las penas. El letrado de Francisco González pidió que, frente a la pena máxima solicitada de 24 meses, se aplique la mínima, 6 meses a razón de 2 euros al día, o si se considera que hay continuidad en los hechos, la considerada razonable por el Tribunal Supremo, 18 meses a razón de 8 euros al día. El letrado de Verena Prendes afirmó que en el caso de su clienta considera que "sólo podría entenderse la pena mínima", 6 meses a razón de 2 euros al día. La última palabra está en manos de la juez, que podría emitir su sentencia en un plazo de 15 días.
El entusiasmo y la derrota se apoderaron de los dos bandos que se enfrentaron durante cinco jornadas y la de ayer, la del veredicto del jurado en la sala. Francisco González aseguró en las puertas de la Audiencia de Oviedo: "Prefiero una derrota injusta que una victoria inmerecida". El exalcalde socialista mantiene que al tratarse de un jurado popular, "aunque uno ya no se dedica a la Política, pesa un poco la cuestión política y más en estos momentos. Me parece tremendo que uno tenga que afrontar una responsabilidad civil por aquello que no cobró. Al final la vigilancia nocturna de los chiringuitos me toca pagarla a mí ahora que no estoy en el Ayuntamiento", afirmó. El exalcalde aseguró que confía en las rebajas de la pena por parte de la magistrada, pero que en el caso de que la sentencia no sea favorable, presentarán un recurso de casación y lo llevarán "ante el Supremo si hace falta, pelearemos hasta el final". Además, reconoció que la petición de la Fiscalía es de suspensión, no de inhabilitación, "pero me da igual, ya no estoy en política", dijo.
El policía Iván Flórez aseguró que "se cierra un capítulo, pero el libro va a tener bastantes más. Visto lo que ha pasado hoy, hay que confiar en la Justicia". Su letrado, Gonzalo Botas, añadió que cree que "se ha hecho justicia. Aunque la conducta no es excesivamente grave, si es cometida por un político que llevaba mucho tiempo, que aplicaba su ley y que quiso someter a un funcionario digno y no pudo con él, sí lo es". El abogado de los hosteleros, Gabriel Giraudo, considera que "la mejor valoración es la alegría de mis clientes, que después de tantos años han visto compensado el esfuerzo. Era un pueblo sometido a la 'ley de Quico' y hoy ha quedado demostrado que la participación de los ciudadanos es clave en este tipo de procedimientos y ayuda hacer justicia".
