La batería de irregularidades en las contrataciones de las consejerías de Educación y Administraciones Públicas previas a 2011, corroboradas el viernes en un informe de la Sindicatura de Cuentas, merecieron ayer el reproche desde la oposición parlamentaria en dirección al gobierno del Principado. PP y UPyD piden cuentas al PSOE y el Ejecutivo regional, los primeros por enviar y mantener en su escaño el Senado al "máximo responsable político del desfase", el expresidente Vicente Álvarez Areces, y los segundos por la negativa del gobierno a atender la petición de aclarar la suma de dinero defraudada desde las las consejerías implicadas en el "caso Marea". IU espera que la confirmación del desmán induzca al Ejecutivo a "reforzar los controles y cubrir esos déficits cuanto antes" y PSOE y Foro declinaron ofrecer sus valoraciones.
Ante las pruebas de lo que se imaginaba, de "la ausencia de control y las corruptelas" en parte de la Administración regional de la etapa de Areces, el diputado popular Luis Venta Cueli focaliza la más alta responsabilidad del caso en el expresidente, pero recuerda que el actual jefe del Ejecutivo, Javier Fernández, "sin ser el responsable directo, sí era el secretario general de la FSA cuando se designó a Areces como gran valedor para defender los intereses de Asturias en el Senado". El parlamentario del PP insta a clarificar "quién se ha llev el dinero de todos los asturianos mientras los gobiernos miraban para otro lado".
Aurelio Martín, portavoz parlamentario de Izquierda Unida en la Junta, añade que la ratificación del desastre "debería servir para aprender de ello y reforzar los controles, más en la época y la coyuntura en que estamos y viendo lo que vemos casi todos los días". En una opinión que comparte con Venta, Martín urge además la agilización de la respuesta judicial de "Marea". "Si estos procesos tardan en resolverse", afirma, "hay una sensación de que se pudren, de que no hay respuestas ágiles y eficaces".
Por su parte, el diputado de UPyD, Ignacio Prendes, considera que el informe de la Sindicatura ha retratado la situación administrativa que se intuyó en el proceso de investigación de "Marea". "Es un éxito del parlamento asturiano, que ha trabajado con rigor y seriedad para aclarar este caso, y lo está consiguiendo", señala. "En las conclusiones de la comisión de investigación pedimos que el Tribunal de Cuentas abriera un proceso de enjuiciamiento para aclarar si hubo responsabilidad contable y que los responsables restituyan el dinero, y ya se ha abierto; pedimos un informe de la Sindicatura de Cuentas y ya está hecho; y reclamamos al Gobierno regional que evaluara qué cantidad de dinero se ha defraudado. El Ejecutivo es el único que aún no ha cumplido con ese cometido".
