"Esto en mi país pasa todos los días ", dijo el ecuatoriano Edison Rubén V. N. cuando le detuvieron en julio de 2012 tras ser denunciado por amenazar, golpear y violar a la mujer con la que convivía en Oviedo, Betty Magali S. V. Desde siempre ha defendido que todo fue una riña de pareja, y lo mismo vino a decir la víctima en su declaración de ayer, durante el juicio celebrado en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial. Nada extraño si se tiene en cuenta que retiró la denuncia presentada en el Juzgado de violencia, y que reanudaron la convivencia tres semanas después de los hechos, motivo por el que el acusado fue detenido la semana pasada, ya que sobre él pesaba una orden de alejamiento de 500 metros.

Edison Rubén V. N. volvió a agarrarse a que lo que hizo no es delito en su país y que sólo se paga con una multa para no plegarse a un acuerdo con la Fiscalía que le habría supuesto una reducción de pena de doce a siete años. Incluso pidió renunciar a su letrada, Anabel Prieto Torices, después de que ésta le ofreciese el acuerdo, tras lo que se negó a contestar a pregunta alguna. Tanto la agente de Policía que recibió la denuncia, como la médica de urgencias que atendió a la víctima y los forenses que la examinaron indicaron que la mujer relató una agresión sexual, aunque presentaba escasas lesiones. En su vagina sí había semen del hombre. Un forense indicó que había encontrado a la mujer angustiada por "el desamor y las desavenencias con su pareja".

La víctima no arrojó mucha más luz. "Tuvimos una discusión, como toda pareja", indicó. Para luego añadir: "Forzar, forzar, no me forzó". Ante la insistencia de la fiscal, fue algo más allá: "Sí y no. Fue en contra de mi voluntad". Las lesiones, se las causó el hombre "haciendo fuerza". Luego añadió que pensó que "eran cosas pasajeras" y que cuando denunció se "sentía decepcionada". Luego reanudaron la relación. "La semana pasada le detuvieron porque convivimos juntos", añadió. La mujer abandonó la Audiencia bañada en lágrimas y sin poder hablar. La fiscal mantuvo su petición de 12 años de prisión y 16 de alejamiento.