El ministerio de Hacienda ha multado con 2.000 euros a la empresa de catering del diputado forista José Antonio Martínez por considerar que incurrió en "mala fe y temeridad" al recurrir por segunda vez y sin aportar ningún argumento nuevo contra su exclusión en el proceso de adjudicación de un contrato de 628.040 euros para suministrar la comida a la red de centros de salud mental del área IV, la correspondiente a Oviedo y concejos circundantes.
El Principado excluyó en febrero pasado a la empresa de Martínez, Cook Gastronomía Integral S.L., del proceso de adjudicación de este suministro de comida. El argumento fue que, en aplicación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, su condición de diputado regional no le permitía contratar con la Administración pública, una prohibición que también aparece en la Ley de Contratos del Sector Público. La empresa de Martínez recurrió y ese primer recurso le fue denegado en marzo. Volvió a recurrir y, de nuevo, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, rechazó sus pretensiones.
En esa segunda resolución, de 11 de julio pasado, el tribunal apreció que las argumentaciones presentadas por la empresa de Martínez eran "idénticas a las del anterior recurso y carentes, así mismo, del mínimo fundamento". El tribunal administrativo subraya que la causa de exclusión de la empresa del diputado forista está "totalmente ajustada a derecho" y añade que ya no puede cuestionarse, salvo que el empresario y parlamentario decida interponer un recurso contencioso administrativo ante los tribunales de justicia, en este caso ante el TSJA de Asturias. Eso sí, antes de dar por zanjada la cuestión en la vía administrativa, este órgano del Ministerio de Hacienda impone la multa de 2.000 euros a la empresa Cook Gastronomía al apreciar "la concurrencia de mala fe y temeridad", "al tratarse de un segundo recurso interpuesto contra una cuestión que fue definitivamente resuelta por este Tribunal".
Este fue el final, con multa incluida, del proceso administrativo que siguió la empresa del diputado forista, quien dejó el puesto de administrador único de la compañía en mayo de este año, al destaparse su incompatibilidad. Cook pretendía mantener un contrato sobre un servicio que ya había prestado con anterioridad. De hecho, y según desveló ayer LA NUEVA ESPAÑA, cuatro días antes de que Álvarez-Cascos adelantase las elecciones de 2012 (en las que perdería el Gobierno), la empresa de José Antonio Martínez resultó adjudicataria de un contrato de 659.352 euros para suministrar la comida a los centros de salud mental del área sanitaria IV. La adjudicación de este contrato se efectuó con el voto particular en contra del jefe de los servicios jurídicos del Servicio de Salud del Principado. Este jurista, con los mismos argumentos que posteriormente utilizaría el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, subrayaba que Martínez no podía contratar con el sector público por su condición de diputado regional.
Pese a ello, la adjudicataria final del contrato fue Cook Gastronomía. Esta empresa inicialmente había hecho la oferta más cara y menos valorada de las tres propuestas presentadas. Posteriormente, dos empresas fueron descabalgadas de por una serie de incumplimientos y la mesa de contratación consideró suficiente un informe del Letrado Mayor de la Junta, presentado por la empresa Cook, donde se aseguraba que la condición de diputado autonómico "no es impedimento legal para ser contratista con el sector público, ni estatal ni autonómico, ni local". El informe del Letrado Mayor aportado por Cook había sido elaborado a petición de otro parlamentario de Foro, Pelayo Roces, y en ocasión de un tema distinto al de la contratación a la que se aludía en este momento.
Posteriormente, cuando ese contrato otorgado a Cook por el gobierno encabezado por Álvarez-Cascos salió de nuevo a licitación -ya con el gobierno socialista al frente del Principado- el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales refutó los argumentos esgrimidos en el informe del Letrado Mayor de la Junta. La esencia del razonamiento de este tribunal es la siguiente: la normativa autonómica no contempla un régimen de incompatibilidades en el ejercicio del mandato de los diputados asturianos y remite a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG); esta normativa que afecta a diputados y senadores nacionales es "plenamente aplicable a los diputados autonómicos". Por tanto, la actividad de estos cargos electos es incompatible "con la actividad de contratista o fiador de obras, servicios, suministros y, en general, cualesquiera contratos que se paguen con fondos de Organismos o Empresas del sector público estatal, autonómico o local o el desempeño de puestos o cargos que lleven anejas funciones de dirección, representación, asesoramiento o prestación de servicios de Compañías o Empresas que se dediquen a dichas actividades".
Oviedo revisa contratos de Cook para los colegios por 6 millones de euros
La prohibición de contratar que, según los informes de los expertos jurídicos del Estado, rige también con los ayuntamientos pone el foco sobre los contratos que la empresa de Juan Antonio Martínez tiene con el Ayuntamiento de Oviedo para suministrar la comida a varios colegios de la capital y a las escuelas para niños hasta tres años. En total, ambos contratos suman 6,2 millones de euros. El Ayuntamiento ovetense, según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, se encuentra en estos momentos analizando ya las condiciones de adjudicación de estos contratos para conocer si puede haber un motivo de incompatibilidad que impida mantener esta relación.
El grupo socialista en el ayuntamiento ovetense anunció ayer que solicitará al secretario municipal un informe sobre estos contratos de suministro de comida escolar de la empresa del diputado forista y empresario José Antonio Martínez.
La Consejería de Educación, por su parte, ha decidido iniciar el procedimiento para revisar de oficio la concesión del servicio a Cook de los colegios Gesta I y Gesta II de la capital. Este contrato incluía la prestación del servicio desde septiembre de 2010 y expiraba en junio de 2016.
La publicación por parte de LA NUEVA ESPAÑA de que el gobierno de Álvarez-Cascos adjudicó, cuatro días antes de convocar elecciones, un contrato de 659.352 euros a una empresa del diputado forista José Antonio Martínez, provocó ayer unas declaraciones del líder de Foro. Francisco Álvarez-Cascos calificó de "simples resoluciones" las decisiones del tribunal administrativo de Hacienda que avaló la exclusión de Cook de un concurso público. Y añadió que esta resolución es "susceptible de ser revisada mediante la oportuna sentencia por los tribunales contencioso-administrativos tras el correspondiente procedimiento". Dirigiéndose al presidente del Principado aseguró que "le recordaría que ningún funcionario público puede saltarse a la torera el Estado de Derecho sin más fundamento que una resolución administrativa manipulada como si fuera una sentencia porque eso es propio de los sistemas totalitarios".
Ni Izquierda Unida ni UPyD quisieron ayer pronunciarse sobre este caso.
