La quiebra de una decena de autopistas de peaje -en su mayoría de la época en la que el líder de Foro, Francisco Álvarez-Cascos, era ministro de Fomento- pone en riesgo el objetivo de reducción del déficit público de España, según advierte la Comisión Europea (CE) en sus previsiones macroeconómicas de invierno, publicadas la semana pasada.
Pese a estar en manos de empresas concesionarias, las vías de pago son de titularidad pública y la responsabilidad patrimonial del Estado respecto a las que se encuentran en quiebra ronda los 4.000 millones de euros. De tener que ser satisfecha esa cantidad, el déficit español en 2016 se elevaría al 4,1% del PIB, cuando el compromiso para ese ejercicio es del 2,8%. Tal incumplimiento podría desembocar en la exigencia de más ajustes y en dificultades adicionales para acceder a financiación.
La actual titular de Fomento, Ana Pastor, se ha comprometido a que el rescate de las autopistas que negocia con las concesionarias y sus acreedores no consumirá ni un euro de dinero público. En concreto, se trata de las cuatro radiales de Madrid, la que une la capital con el aeropuerto de Barajas, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, la Cartagena-Vera y la circunvalación de Alicante. Además de por la crisis, los problemas de estas vías se derivan de que las concesiones se realizaron con unas previsiones de tráfico muy por encima de las reales y del encarecimiento del coste de las expropiaciones.
El plan en el que trabaja Fomento desde hace varios meses para salvar la situación consiste en la creación de una sociedad pública que se haría cargo de las concesiones a cambio de una quita del 50% en la deuda total, lo que significaría unas pérdidas de 2.000 millones para las entidades bancarias y de 240 millones de euros para las constructoras, mientras que los accionistas se quedarían sin los 1.760 millones de euros invertidos. La deuda resultante tras esta quita se recuperaría con los ingresos por el pago de peajes que consiga la nueva sociedad pública durante un periodo de 30 años.
El Gobierno ha optado por el proyecto de sociedad pública de autopistas para solucionar el problema de estas vías en vez de abordar su liquidación con el objetivo de evitar un fuerte impacto en las cuentas de la Administración, sobre todo en el déficit. También pretende que la empresa nazca con un menor coste por servicio de la deuda y una mayor viabilidad y, por tanto, un menor riesgo de que la UE considere que hay ayudas del Estado.
"Nunca habrá rescate"
En sus últimas declaraciones sobre este tema, efectuadas la semana pasada, Ana Pastor insistió en que "nunca" va a haber un rescate de las autopistas en concurso de acreedores. "El Gobierno sigue diciendo lo que lleva diciendo año y medio, y es que en un proceso en el que hay autopistas en quiebra, aquí no hay un rescate y nunca lo va a haber; los españoles no van a poner ni un euro para rescatar autopistas", apostilló la titular de Fomento.
Pastor añadió que "hay una negociación abierta respecto a la responsabilidad patrimonial que el Estado tiene por los contratos que en su día firmó", con la que pretende evitar el hacer frente a los 4.000 millones de responsabilidad patrimonial.
