Una "chapuza" que ocasionaría "un auténtico destrozo legislativo" en la arquitectura normativa del Principado. Este es el juicio mayoritario expresado ayer por los grupos parlamentarios tras la ponencia sobre la ley de Buen Gobierno. Este texto legal quedó paralizado en el Parlamento regional a la espera de que el Ejecutivo autonómico proponga una salida "aceptable" a la actual redacción.

El problema está en el régimen sancionador del proyecto de ley, que establece que si es el Presidente del Gobierno regional el que incumple la normativa, podría ser cesado por el Consejo de Gobierno, integrado por los consejeros que él mismo nombró. A juicio de los diputados de PP, IU y UPyD, "supondría la modificación de normas de más rango, como el propio Estatuto de Autonomía y la ley del Presidente, que establecen que es el parlamento el que nombra y puede destituir, a través de una moción de censura, al Presidente regional", en palabras del portavoz de IU, Aurelio Martín.

En una mañana de intenso trabajo legislativo, los diputados celebraron una ponencia sobre otra norma, la de Transparencia, que también quedó varada en esta fase de su tramitación por "defectos en su estructura". "Ambas son leyes con problemas y poco trabajadas, pero los defectos de la ley de Buen Gobierno son mucho más graves", señaló Martín. En el segundo caso, el problema también está en quién se encargará de sancionar los incumplimientos. "Se deja en manos del Consejo Consultivo o de algunos de sus miembros, lo que convertiría a un órgano asesor en juez y parte", afirmó la diputada del PP Emma Ramos, que se mostró partidaria de devolver al Ejecutivo regional ambos proyectos de ley, que calificó de "chapuza". "El presidente nombra a los consejeros y éstos podrán cesar al presidente: es una incongruencia máxima, una chapuza que deberían solventar los que la han cometido", afirmó Ramos.

Similar opinión expresó el portavoz de UPyD, Ignacio Prendes, que considera que los proyectos propuestos por el Gobierno carecen "de rigor jurídico", lo que ha supuesto "un enorme esfuerzo para los letrados de la Junta", pese a lo cual no ha sido posible "resolver los defectos estructurales de estas leyes, que de aprobarse ocasionarían un destrozo institucional", que afectaría "a la propia arquitectura jurídica" del Principado de Asturias. "Se trata de dos normas muy importantes, pero requieren un marco jurídico claro", una salida que "debe buscar el Gobierno regional".

La decisión de la ponencia de dejar sobre la mesa ambos textos hasta que el Gobierno regional proponga una salida para continuar la tramitación suscitó el rechazo del Grupo parlamentario Socialista, cuya diputada Judit Flórez insistió en que ambas leyes llevan meses en el Parlamento regional, y que "los problemas de técnica legislativa" de ambos textos ya eran conocidos por los diputados. "Somos conscientes de que ambos textos tienen impacto normativo, pero es a los ponentes a quienes nos corresponde la búsqueda de soluciones", afirmó, ya que el proyecto está en proceso de tramitación parlamentaria. "Tenemos que trabajar todos, nosotros y el autor del texto, que es el Gobierno, para proponer soluciones", afirmó. El Grupo parlamentario de Foro Asturias no hizo declaraciones tras la celebración de las ponencias sobre ambas leyes.

El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez, aseguró que el Ejecutivo regional está dispuesto a retocar el texto legal "para evitar que colisione con otras normas, como el Estatuto de Autonomía o la ley del Presidente", buscando una nueva redacción a los aspectos más conflictivos del proyecto. "En el Estado, en leyes como la de conflictos de intereses, se prevé en casos de sanciones muy graves la sanción a los altos cargos, incluida la destitución del Presidente, pero entendemos que los letrados tienen razón al advertir que en este caso hay un error que hay que subsanar".

Martínez destacó el interés del Gobierno autonómico en sacar adelante ambos proyectos de ley en esta legislatura, "porque estamos comprometidos con la transparencia y la regeneración democrática", y aseguró que el próximo miércoles, cuando está prevista una nueva reunión de la ponencia, los diputados contarán con una propuesta "que se tramitará a través del Grupo parlamentario Socialista". El consejero matizó que en el caso de la ley de Transparencia, las dificultades "son más de perspectiva política que de técnica legislativa, no tienen la misma entidad".