El PP propondrá la supresión del grupo de directivos públicos nombrados "a dedo"

Los populares plantean en el Parlamento regional reformar la ley para exigir también que los viceconsejeros y directores generales sean funcionarios

19.10.2015 | 02:02

El Partido Popular llevará a la Junta General del Principado, con rango de proposición de ley, su oferta de "despolitización" de la función pública asturiana mediante la supresión del cuerpo de hasta 72 directivos de confianza instituido en la última modificación normativa de la administración autonómica, en julio de 2014. La pretensión de los populares, registrada el viernes en la Junta General del Principado, trata de apuntalar asimismo el restablecimiento del requisito, recién suprimido, de que los viceconsejeros y directores generales sean funcionarios de carrera. El texto del PP supone una severa enmienda de la última reforma de la estructura de la administración acometida hace poco más de un año por el Gobierno socialista. Entiende el grupo popular, por la boca de su diputado Luis Venta, que la figura de los directivos, elegidos por libre designación hasta un máximo de dos por dirección general y que han de ser, estos sí, funcionarios de carrera, "no es necesaria y sólo pretende seguir nombrando a dedo cargos intermedios en las estructuras orgánicas de las consejerías".

El nuevo cuerpo de altos directivos, instituido como un nivel intermedio entre los cargos políticos y los cuerpos funcionariales, fue la respuesta normativa del Gobierno a la cascada de sentencias judiciales contrarias al gusto que la administración autonómica asturiana había cogido por la libre designación frente al concurso de méritos como método para la provisión de puestos de alto funcionario. Cuestionada por algunas organizaciones sindicales, la creación del grupo nació en su día adosada a la propuesta de adelgazamiento del número de funcionarios nombrados "a dedo" hasta el mínimo legal, de los 417 vigentes el año pasado a 157. En la pasada legislatura, el PSOE sacó adelante el texto esquivando las reticencias del PP y Foro gracias al respaldo de IU y UPyD. El Gobierno legisló entonces, interpreta Luis Venta, forzado "por las sentencias, que le obligaban a prescindir del abuso de la libre designación", pero la adición de este nuevo nivel administrativo de altos cargos supone, añade, la articulación de una estrategia con cobertura legal para "bordear las sentencias" y "seguir con la libre designación encubierta".

El PP ha querido ver tras el cuerpo de directivos un indicio de la tentativa del Gobierno socialista de "politizar la función pública" generando además "un gasto innecesario" que podría llegar, al decir de Venta, hasta los cuatro millones de euros. "No es un cuerpo de gestión", el diputado persevera en su interpretación política, toda vez que estos altos funcionarios "no van a tener la capacidad para la gestión diaria que puede tener un jefe de servicio, que es un funcionario".

"La necesidad de seguir colocando personas afines en la administración", sigue el parlamentario, también ha conducido a eliminar el requisito de de ser funcionario para poder ser nombrado director general. Esta modificación normativa llegó casi a la vez que una sentencia del Tribunal Supremo que anulaba por ese motivo el nombramiento de doce altos cargos del Principado y colisiona, sostiene el PP, con lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Es por eso que la propuesta de modificación que ha llegado a la Junta establece la obligación de que, "salvo supuestos individualmente estimados por el Gobierno", viceconsejeros y directores generales sean escogidos entre los funcionarios de carrera.

En su sugerencia de reforma, el grupo popular incluirá además la demanda de que se establezcan mecanismos para facilitar la promoción de funcionarios hacia el nuevo grupo B, instituido por la última ley de función pública en cumplimiento del EBEP. Aquí sólo pueden quedar incluidos los trabajadores con titulación de técnico superior de Formación Profesional y la reorganización puede derivar, advierten, en una igualdad de funciones y disparidad de salarios entre empleados que debería ser corregida mediante mecanismos de promoción interna.

El PP, solo con Foro en la oposición a la nueva ley de función pública, confía en convencer al menos a Podemos para sacar adelante su iniciativa.

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